Prisión de Ocaña

Fundada en 1883 como cárcel para presos comunes, el centro de Ocaña se transformó en reformatorio de adultos en 1914, destinado a albergar a los presos con penas menores y a los procedentes del reformatorio de jóvenes de Alcalá de Henares que hubieran cumplido la mayoría de edad.

Con el estallido de la guerra civil, el reformatorio de Ocaña se convirtió en una de las tres prisiones principales de la provincia de Toledo. El centro dejó de cumplir su función asignada y empezó a acoger a los detenidos por haber participado en la sublevación, así como a aquellos considerados “enemigos” de las milicias como las personas conservadoras, los grandes propietarios y empleadores y los religiosos. Así, la prisión de Ocaña sobrepasó su capacidad original ya en agosto: 71 prisioneros abarrotaban sus celdas un mes después del golpe.

A pesar del hacinamiento, los presos eran tratados de forma correcta por el director y los funcionarios del centro. La noche del 19 al 20 de octubre la suerte de estas personas cambió dramáticamente cuando un grupo de cientos de milicianos asaltaron la cárcel, y a pesar de los intentos de oposición de los funcionarios de la prisión, escogieron a 140 reclusos a los que sacaron del centro y posteriormente fusilaron en las tapias del cementerio de la localidad. De las 140 personas asesinadas, solo 48 eran de Ocaña: otros 30 procedían de Villarobledo y el resto provenían de otras provincias.

Autora: ACP

Prisión Provincial de Albacete

La oleada represiva de los primeros meses de la guerra desatada en la retaguardia republicana implicó que el número de detenidos en las cárceles aumentó enormemente. La mayor parte de los presos de la provincia de Albacete eran enviados a la cárcel de la capital, acusados o procesados por delitos relacionados con la rebelión. La prisión provincial sobrepasaba con creces su capacidad en estos primeros meses de la guerra, 

El 22 de septiembre de 1936, una masa formada por civiles y milicianos, de los que nunca se conoció su identidad, acudió a la cárcel. Sobrepasando la resistencia de las autoridades y personal encargado de la prisión, grupos de milicianos entraron en el edificio y sacaron por la fuerza a 53 personas, algunas de ellas ya condenadas por los Tribunales por su participación en la sublevación, y posteriormente las fusilaron, abandonando sus cadáveres en fosas comunes.  

Las “sacas” de prisiones que se dieron estos primeros meses del conflicto solían estar directamente relacionadas con acontecimientos como bombardeos, que enfurecían a la población: en el caso de Albacete no hubo un bombardeo concreto que diera pie a este estallido, pero el cansancio por estos ataques aéreos, la marcha de la guerra y la insatisfacción por las condenas impuestas por los Tribunales Populares recientemente creados jugaron un papel en el descontento popular y su encauzamiento a través de la violencia contra los que se consideraba responsables.

Autora: ACP

Prisión Provincial de Guadalajara

La violencia se desató en Guadalajara en los primeros instantes tras el sofocamiento del golpe en julio de 1936 y continuó durante los siguientes seis meses, en los que las autoridades republicanas habían perdido el control del orden público y las milicias obreras armadas se imponían en las calles. 

La Prisión Provincial de Guadalajara, erigida en 1887, se lleno de detenidos sospechosos de participar en el golpe o que simplemente eran conservadores, propietarios o religiosos de la provincia, ya que bandas de milicianos recorrieron los pueblos de la misma llevándose consigo a los que consideraban sus enemigos.

El 1 de septiembre, tras una incursión de la aviación franquista, se produjo un primer intento de asaltar la prisión que pudo ser atajado por el Gobernador Civil. El 6 de diciembre la furia popular, sin embargo, no pudo ser detenida. Guadalajara acababa de ser bombardeada por la aviación enemiga: el barrio de la Estación, de carácter obrero, fue especialmente afectado, produciéndose numerosas víctimas en su seno, mientras que el Palacio del Infantado sufrió importantes destrozos. Como consecuencia, una multitud se dirigió a la prisión: civiles y milicianos la asaltaron, seleccionaron a los presos derechistas y los fusilaron en la propia cárcel.

La “saca” del 6 de diciembre de 1936 se cobró la vida de 282 personas, cuyos cadáveres se depositaron en varias fosas comunes del cementerio de Guadalajara y en el camino de Chiloeches. Higinio Busons, un preso que pudo escapar de la masacre, dejó testimonio de lo ocurrido en su “Relato de un testigo”, publicado en 1947.

Autora: ACP

Prisión Provincial de Toledo

En la Prisión provincial de Toledo se pueden observar las tensiones que caracterizaban la relación entre el poder gubernativo y los revolucionarios entre julio y septiembre de 1936. La prisión dependía del Gobierno Civil y de hecho los funcionarios a su cargo se mantuvieron en sus puestos en la misma a pesar de su condición de derechistas. Pero la guardia armada de la prisión y el ingreso y liberación de los presos estaba a cargo de un Comité de Cárcel que dependía del CMDC, el Comité de Milicias y Defensa de la Ciudad.

Tras la toma de la ciudad por la columna de Riquelme el 22 de julio de 1936, se liberó a los presos comunes y políticos y se encerró a los derechistas detenidos, que durante el mes en el que sólo trabajaban los funcionarios de prisiones fueron tratados de forma correcta, a pesar de que durante el mes de agosto se sobrepasó la capacidad normal y se tuvo que habilitar como prisión la fábrica de harinas San José. El 23 de agosto, sin embargo, un bombardeo a los sitiadores del Alcázar excitó el odio de un grupo de milicianos y ciudadanos que forzaron su entrada en la prisión, seleccionaron a unos 60 detenidos a los que fusilaron y abandonaron en la puerta del Cambrón esa misma noche. Esta saca constituye la mayor masacre colectiva protagonizada por las milicias en Toledo. Parece que fue liderada por milicianos de la FAI, a cuya cabeza estaba Domingo Machado, pero por su escala debió contar con el apoyo y/o participación del resto de fuerzas.

Autora: ACP

Violencia en Tarancón

El golpe de estado del 18 de julio se sofocó en Tarancón sin apenas incidentes, siguiendo la tónica general de la provincia de Cuenca. Las milicias socialistas y ugetistas, apoyadas por las comunistas, se hicieron con el control del pueblo tras asaltar el Cuartel de la Guardia Civil y recoger armas en casas particulares. 

Aunque se dieron algunos casos antes, la violencia se desató a finales de julio, con la llegada de las milicias de Cipriano Mera. El contexto general era de pérdida del control de la situación por parte de las autoridades oficiales: los organismos de la administración quedaron paralizados mientras que las fuerzas de seguridad, sobre las que recaía la sospecha de apoyar a los sublevados, eran desplazados por las milicias armadas. Éstas sembraron la violencia sobre los que consideraban sus enemigos, personas de derechas, propietarios y religiosos.

Junto con los anarquistas locales, los milicianos de la Columna del Rosal detuvieron a once personas consideradas de derechas y las fusilaron. A partir del 15 de octubre de 1936 se instalaron en Tarancón y tomaron el control de la población hasta diciembre. En esos meses constituyeron una Brigada de Investigación que se desplazaba a las localidades cercanas para practicar detenciones: miembros de la CEDA y de FE fueron atrapados de esta manera, para después ser trasladados a Tarancón, donde se les fusilaba.

Autora: ACP

Puente de la Sierra

 La violencia revolucionaria fue especialmente intensa en los primeros seis meses tras el golpe de Estado: los comités se hicieron con el poder en las calles, mientras los organismos oficiales y las fuerzas de seguridad paralizaban su actividad. Las milicias locales fueron dueñas de la situación entre julio y diciembre de 1936, imponiendo el terror sobre quienes tenían por sus enemigos: las personas consideradas derechistas y católicas.  En Cuenca, donde la conflictividad había sido baja durante el periodo republicano, sin embargo también estalló la violencia tras el golpe: eso sí, tuvo un comienzo más tardío que en otras provincias, que se situó a finales del mes de julio.

Los conocidos como “paseos” comenzaron en la capital el 5 de agosto de 1936 y se generalizaron en la siguiente quincena. Las milicias armadas recorrían las calles y procedían a detener a los que consideraban sospechosos por las noches. Luego los conducían a centros conocidos como “checas”, donde eran interrogados, torturados y sometidos a la “justicia popular” del Comité de turno. Aquellos tachados de culpables eran conducidos a lugares de ejecución en las afueras, solos o en pequeños grupos, donde se les fusilaba y se abandonaba sus cadáveres

Los religiosos fueron uno de los grupos objetivo de esta violencia, destacando, entre ellos, el obispo de Cuenca, que fue uno de los 13 obispos que murieron en la contienda. El 28 de julio, y tras el registro de su residencia, el Palacio Episcopal, Cruz Laplana Laguna fue trasladado a la cárcel del Seminario, donde permaneció encerrado hasta el 8 de agosto. Esa madrugada se condujo al Obispo al paraje de Puente de la Sierra, en la carretera de Villar de Olalla, donde se le fusiló, parece que por iniciativa de los líderes anarquistas de Tarancón.

Autora: ACP

Prisión Provincial de Cuenca

La violencia revolucionaria fue especialmente intensa en los primeros seis meses tras el golpe de Estado: los comités se hicieron con el poder en las calles, mientras los organismos oficiales y las fuerzas de seguridad paralizaban su actividad. Las milicias locales fueron dueñas de la situación entre julio y diciembre de 1936, imponiendo el terror sobre quienes tenían por sus enemigos: las personas consideradas derechistas y católicas.

Un Comité de Salud Pública, controlado por la CNT, recibía las denuncias de aquellos sospechosos y ordenaba su detención, tras lo cual algunos eran conducidos a la Prisión Provincial, pero otros acababan en los centros de detención conocidos como “checas”, donde tras ser interrogados y torturados, se les ejecutaba y se abandonaba sus cadáveres en fosas comunes o cunetas de las carreteras. La Prisión Provincial tampoco era garantía de seguridad, porque desde este lugar se produjeron “sacas”, que consistían en extraer a los presos para fusilarlos

Según el reglamento de 1930, cada celda de la Prisión debía albergar un solo preso: la oleada de detenciones que siguió al golpe del 18 de julio rompió esta norma, quedando la cárcel repleta de detenidos. La sobrepoblación de la cárcel, de hecho, forzó a habilitar otros enclaves de la ciudad como prisiones. Hasta el 15 de agosto se mantuvieron en sus puestos los funcionarios de prisiones, pero desde esa fecha tomaron el control los milicianos, acusando a los primeros de derechistas de favorecer a los presos: esa misma noche, la Columna del Rosal seleccionó a once detenidos destacados y fusiló a seis de ellos en el camino de San Isidro.

Autora: ACP

Cuartelillo de «Hacienda Vieja»

La violencia revolucionaria fue especialmente intensa en los primeros seis meses tras el golpe de Estado: los comités se hicieron con el poder en las calles, mientras los organismos oficiales y las fuerzas de seguridad paralizaban su actividad. Las milicias locales fueron dueñas de la situación entre julio y diciembre de 1936, imponiendo el terror sobre quienes tenían por sus enemigos: las personas consideradas derechistas y católicas.

Un Comité de Investigación o Salud Pública, controlado por la CNT, recibía las denuncias de aquellos sospechosos y ordenaba su detención, tras lo cual algunos eran conducidos a la Prisión Provincial, pero otros acababan en los centros de detención conocidos como “checas”, donde tras ser interrogados y torturados, se les ejecutaba y se abandonaba sus cadáveres en fosas comunes o cunetas de las carreteras. Al principio del conflicto, una de las más activas fue la de las Juventudes Libertarias, que a mediados de septiembre dejó de funcionar: entonces se estableció un cuartel del Frente Popular en edificio conocido como “Hacienda Vieja” -debido a que había sido un edificio de Hacienda – en la calle Diego Jiménez. Este cuartel contaba con dos grupos móviles que acudían a hacer registros y detenciones, y conducían a los detenidos al edificio para que fueran juzgados por el Comité. 

Algunas personas pasaron por este tristemente famoso cuartelillo tras haber sido liberadas de la Prisión Provincial. Fue el caso de cuatro religiosos que habían permanecido en la cárcel desde el 31 de julio y que, al ser puestos en libertad el 20 de septiembre, fueron apresados por los milicianos de Hacienda Vieja, conducidos a este lugar y fusilados cuatro días después en las tapias del cementerio.

Autora: ACP

Cementerio Cristo del Perdón

La violencia revolucionaria fue especialmente intensa en los primeros seis meses tras el golpe de Estado: los comités se hicieron con el poder en las calles, mientras los organismos oficiales y las fuerzas de seguridad paralizaban su actividad. Las milicias locales fueron dueñas de la situación entre julio y diciembre de 1936, imponiendo el terror sobre quienes tenían por sus enemigos: las personas consideradas derechistas y católicas.  En Cuenca, donde la conflictividad había sido baja durante el periodo republicano, sin embargo también estalló la violencia tras el golpe: eso sí, tuvo un comienzo más tardío que en otras provincias, que se situó a finales del mes de julio.

Los conocidos como “paseos” comenzaron en la capital el 5 de agosto de 1936 y se generalizaron en la siguiente quincena. Las milicias armadas recorrían las calles y procedían a detener a los que consideraban sospechosos por las noches. Luego los conducían a centros conocidos como “checas”, donde eran interrogados, torturados y sometidos a la “justicia popular” del Comité de turno. Aquellos tachados de culpables eran conducidos a lugares de ejecución en las afueras, solos o en pequeños grupos, donde se les fusilaba y se abandonaba sus cadáveres. Uno de estos lugares fueron las tapias del cementerio del Cristo del Perdón, en el que se concentraron la mayor parte de las ejecuciones.

Aunque todavía es necesario investigar a fondo la cuestión, Rodríguez Patiño cifra en 147 las personas ejecutadas en la ciudad de Cuenca bajo este procedimiento y otros similares. Las víctimas procedían de la propia capital y de otras localidades de la provincia, desde donde habían sido trasladadas a la ciudad por grupos de milicianos. 

En septiembre de 1936 la iniciativa de las ejecuciones pasó de las milicias locales a un Comité de Investigación o Salud Pública controlado por la CNT. A partir de diciembre el número de ejecuciones descendió sensiblemente, gracias a la recuperación de poder del estado republicano, y prácticamente desapareció desde febrero de 1937.

Autora: ACP

Cárcel del Seminario de San Julián

La violencia revolucionaria fue especialmente intensa en los primeros seis meses tras el golpe de Estado: los comités se hicieron con el poder en las calles, mientras los organismos oficiales y las fuerzas de seguridad paralizaban su actividad. Las milicias locales fueron dueñas de la situación entre julio y diciembre de 1936, imponiendo el terror sobre quienes tenían por sus enemigos: las personas consideradas derechistas y católicas.

Las milicias locales, desde septiembre a las órdenes de un Comité de Investigación o Salud Pública, protagonizaron una oleada de detenciones que llenó las cárceles de prisioneros. La Prisión Provincial, que por su reglamento debía albergar sólo un preso por celda, sobrepasó su capacidad máxima y pronto hubo que recurrir a otros lugares para ingresar a los detenidos. Fue el caso del Seminario de San Julián, en el que se encerró sobre todo a religiosos: el propio Obispo de Cuenca fue ingresado en esta cárcel improvisada y allí permaneció hasta su ejecución el 7 de agosto. Los religiosos fueron uno de los grupos que los revolucionarios persiguieron en esta etapa de violencia desatada, ya que los consideraban cercanos a las clases poderosas y a las derechas. 

En el Seminario también se habilitó una cárcel de mujeres que permaneció allí hasta su traslado al Seminario de las Carmelitas en marzo de 1937.

Autora: ACP