La «checa» de San José

Edificio Checa San José

A mediados de 1937 la República pasaba por un momento complejo, sobre todo desde el punto de vista militar y estratégico. En los frentes crecía la incertidumbre y las actitudes derrotistas, al mismo tiempo que en las retaguardias aumentaban informaciones sospechosas, actividades clandestinas y enemigos encubiertos que podían suponer un peligro para los intereses gubernamentales. En este contexto, Indalecio Prieto creó el 29 de agosto de dicho año el Servicio de Información Militar, un servicio de contraespionaje militar que, con el paso del tiempo, derivó hacia una especie de policía autónoma.

En Cuenca existió un Destacamento dependiente de la Demarcación del Ejército del Centro, en contacto con Madrid y otros elementos de los pueblos de la provincia. Controlada en sus inicios por el partido comunista, sus agentes trataron de desarticular actividades y redes quintacolumnistas (sobre todo, de evasión a “campo nacional”), obtener información de los servicios franquistas y localizar infiltrados en los cuerpos del Ejército y otros para su represión. Se componía de, al menos, una docena de personas y sus dirigentes fueron Manuel Saavedra de la Peña y Félix Arellano González. Contó con varias dependencias y cárceles propias en la ciudad, dependiendo del momento.  Una Jefatura se instaló en las afueras de la ciudad en el llamado “chalé de San José”, en la carretera de Valencia, incautado y propiedad de José Roibal (exconcejal de Agrupación Ciudadana Agraria, asesinado en abril de 1937). Se trataba de dos casas muy cercanas. Una servía como residencia de los represores y, la otra, como sala de interrogatorio y tortura.

Autor: SNC

El Convento de las Carmelitas Descalzas

Foto actual del convento. Al fondo, la antigua prisión provincial, hoy Archivo Histórico Provincial.

El número de presos en la Prisión Provincial fue en aumento, especialmente, desde octubre de 1936. En estos momentos, las prácticas expeditivas del paseo y las sacas habían descendido bruscamente. La implantación y la progresiva actuación del Tribunal Especial Popular y del Jurado de Urgencia contribuyeron a ello. En el mejor de los casos, los desafectos eran detenidos y puestos a disposición de dichos organismos u otra autoridad competente, con el consiguiente encarcelamiento. Tanto la Prisión Provincial como la del Seminario se acabaron desbordando. Ante tal situación, bajo el impulso del director de la Provincial se llevó a efecto la propuesta de convertir el convento de las Carmelitas Descalzas en espacio de arresto. Pese a los pocos datos de que se dispone, se sabe que en septiembre de 1937 se iniciaron los trámites para habilitar el edificio y convertirlo en prisión provisional de mujeres, como derivación/adicción de la Provincial, a pocos metros. La dirección técnica de las obras se otorgó al arquitecto Javier Yarnoz Larrosa y su ejecución al aparejador del consejo municipal Jesús Carretero. Pero la falta de dirección y varios problemas con el presupuesto hicieron que dichas obras se alargaran, al menos, hasta junio de 1938. Además de mujeres (como Leonor Malla Fernández, vecina de Cuenca encarcelada en noviembre de 1938), entre sus muros también hubo decenas de hombres, sobre todo, en el otoño de 1938, detenidos para ser juzgados por el Tribunal Especial de Guardia (como ocurrió, por ejemplo, con Bienvenido Gabaldón Jaén, vecino de Pinarejo). Por otra parte, fueron expoliados varios de sus objetos y, otros, rescatados a tiempo por la Junta de Incautación y Protección del Tesoro Artístico. De acuerdo con algunos testimonios, esta prisión fue denominada irónicamente “el hotelito del Huécar” dadas las privilegiadas vistas de la ciudad desde su interior.

Autor: SNC

Diputación Provincial de Cuenca

Diputación Provincial de Cuenca

La trayectoria de la Diputación Provincial de Cuenca se vio alterada con motivo del golpe militar, al igual que la de otros organismos institucionales. Hasta diciembre de 1936 funcionó una Comisión Gestora, creada en el marzo anterior, presidida por Juan Jimenez Cano. En la sesión ordinaria de 5 de agosto, la primera tras el levantamiento, la presidencia dio cuenta del telegrama que el 20 de julio envió al Gobierno central para manifestar su “inquebrantable adhesión al régimen” y su apoyo para “sofocar la criminal sublevación del Ejército contra la Patria”, que fue ratificada enérgicamente por el resto de los gestores. Entre otras medidas inmediatas y de gran calado, esta Comisión acordó destinar 15.000 pesetas a la suscripción abierta por el Gobierno Civil para la formación de las milicias del Frente Popular, y proceder a la depuración/cese de funcionarios y empleados que se hubieran mostrado desafectos a la causa. Durante estos meses, continuó con la gestión de distintos asuntos competentes desde antaño como la Casa de la Beneficencia o el Hospital, como también con la aprobación de distintos presupuestos, el pago de nóminas, la resolución de variopintas instancias, la ratificación de precios, la reorganización de servicios o la distribución de fondos. La Comisión republicana fue sustituida por un Consejo Provincial, en virtud del decreto gubernamental de 23 de diciembre. Hasta finales de febrero de 1937 estuvo presidida, interinamente, por el entonces gobernador José Papí Albert, y compuesta por 10 consejeros, elegidos previa designación de los partidos y sindicales integrantes del Frente Popular.  En adelante, el Consejo lo presidieron Antonio Dorrego Seoane, Gerardo Alcañiz Turegano y Emilio Lizondo González. El golpe fallido, el proceso revolucionario y las vicisitudes bélicas convirtieron a la Diputación en un mero elemento del Gobierno y en una institución de menor repercusión que en otras etapas.

Autor: SNC

Cuartel del Servicio de Investigación Militar (SIM)

Cuartel del SMI Cuenca

A mediados de 1937 la República pasaba por un momento complejo, sobre todo desde el punto de vista militar y estratégico. A la debilidad republicana se unía el avance de las fuerzas rebeldes. En los frentes crecía la incertidumbre y las actitudes derrotistas, al mismo tiempo que en las retaguardias aumentaban informaciones sospechosas, actividades clandestinas y enemigos encubiertos que podían suponer un peligro para los intereses gubernamentales. En este contexto, Indalecio Prieto creó el 29 de agosto de dicho año el Servicio de Información Militar. En un principio, fue concebido como servicio de contraespionaje militar, pero, con el tiempo, se convirtió en una especie de policía autónoma.

En Cuenca existió un Destacamento dependiente de la Demarcación del Ejército del Centro, en contacto con Madrid y otros elementos de los pueblos de la provincia. Sus agentes trataron de desarticular redes y actividades quintacolumnistas, obtener información de los servicios franquistas y localizar infiltrados en los cuerpos del Ejército para su represión. Se componía de, al menos, una docena de personas y sus dirigentes fueron Manuel Saavedra de la Peña y Félix Arellano González. Contó con varias dependencias y cárceles propias en la ciudad, dependiendo del momento.  Una de ellas se localizaba en el número 10 de la antigua calle General Lasso, actual San Juan, donde años atrás había residido el Gobierno Civil. Las oficinas del SIM funcionaron en este lugar en los últimos compases del conflicto. Sus sótanos, empleados como celdas, aún conservan inscripciones en la piedra original de los allí presos. El alcance de los interrogatorios y las torturas es difícilmente evaluable, aunque se tienen pequeñas referencias documentales. El catalán José Alegret Torm, fue azotado con correas y encerrado, alternativamente, en una celda fría y otra caliente como medios de extorsión.

Autor: SNC

Escuela de Ingeniería del Minas, sede del cuartel general del Ejército de Extremadura

Academia de Minas de Almadén

El fracaso de los sublevados en toda la provincia y la decisión del general Franco, a principios de agosto de 1936, de avanzar desde Sevilla hacia Madrid por la ruta del oeste, más larga, en vez de la del este, más corta y normal, pasando por Córdoba, Ciudad Real y Aranjuez, decidieron la suerte que habría de correr esta provincia en la contienda española. La provincia de Ciudad Real permaneció en la retaguardia republicana durante toda la guerra, en el interior de la zona de acción del Ejército de Extremadura, unidad del Ejército Popular de la República, compuesta, además, por las zonas leales de las provincias de Toledo, Cáceres, Badajoz y Córdoba. Para la provincia de Ciudad Real, y desde el punto de vista militar, la guerra fue la lucha por Almadén, población ambicionada en varias ocasiones por el Ejército franquista por sus minas de mercurio, de gran importancia tanto para el gobierno sublevado como para sus potencias amigas, sobre todo la Alemania de Hitler. En Almadén, en el edificio de la primera Escuela de Ingeniería de Minas de España y cuarta de todo el mundo, creada en 1777 e inaugurada su sede en 1785, se instaló durante la guerra la sede del Cuartel General del Ejército de Extremadura, al mando del emblemático general Antonio Escobar. A finales de 1938 se trasladó a la finca Gargantón, en Piedrabuena (Ciudad Real).

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Seminario Conciliar de San Julián

El Seminario. Fuente: A. Martín (s.a). Portfolio fotográfico de España. Cupón nº 18 dedicado a Cuenca. Disponible en: https://www.flickr.com/photos/ceclm/albums/72157642586582963/with/13263646785/

El Seminario Conciliar se convirtió en otro de los espacios de mayor repercusión de la ciudad tras el golpe. Para empezar, aquí permanecieron los guardias civiles de toda la provincia que entre los días 26 y 29 de julio fueron llegando a Cuenca previa orden de concentración. Con este llamamiento el Gobernador perseguía unificar y asegurar el control de la Fuerza, además de evitar choques con los primeros milicianos e impedir su apoyo ante un hipotético levantamiento. En lo sucesivo, perdió su funcionalidad de adoctrinamiento para convertir sus dependencias, entre otras cosas, en cárcel. Su habilitación vino determinada por dos factores: primero, como consecuencia del desbordamiento de detenidos de la Prisión Provincial; y, segundo, prácticamente simultáneo, debido a la aprobación de un Decreto por parte del Ministerio de Instrucción Pública que afirmaba la urgente ocupación de edificios que las Congregaciones religiosas tenían destinados para la enseñanza. Además de un número indeterminado de civiles, aquí estuvieron encerrados el Obispo y varios sacerdotes tras su salida forzada del Palacio Episcopal. El día 8 de agosto, el Obispo, Cruz Laplana, y el canónigo de la catedral, Fernando Español Berdié, eran sacados de ella y asesinados, siendo las víctimas más simbólicas extraídas de esta prisión. Asimismo, cientos de obras de su Biblioteca y objetos de culto fueron destruidos o quemados en la plaza anexa, en un intento simbólico de sus protagonistas por atacar el viejo orden social y fundar la revolución social. Durante un tiempo estuvo controlada por la Columna del Rosal. A lo largo de la guerra, varias habitaciones del Seminario también sirvieron a la Caja de Soldado y de residencia/alojamiento de tropas como, por ejemplo, a los soldados del Batallón de Cuenca nº 2, a mediados de 1937. Durante 1938, muchos de los allí detenidos lo fueron por el SIM. Unas veces eran recluidos en la “celda general” y, otras, en las “de castigo”. Antonio Millán Villafranca, agente de dicho servicio, fue el jefe de la cárcel en aquellos momentos. Acabado el conflicto, el edificio siguió habilitado como cárcel, tras así solicitarlo el nuevo Gobierno Militar.

La Hacienda Vieja, «Cuartelillo de milicias del Frente Popular»

Edificio de Hacienda, años 80. Recuperado de: https://www.facebook.com/photo/?fbid=10217096873310825&set=gm.3127723133988687

En los días siguientes a la sublevación, la corporación conquense trasladaba al Presidente del Consejo de Ministros la adhesión de la provincia al gobierno legítimamente constituido de la República. A principios de agosto, el naciente Comité de Enlace del Frente Popular constituía un Cuerpo de Milicias con el objetivo de continuar la labor que en los primeros compases efectuaron elementos de los distintos partidos y sindicatos, esto es, asegurar el orden social y evitar cualquier atisbo de levantamiento no solo en la capital, también en la provincia. Contaba con cerca de 150 hombres y dos Grupos Móviles (de Investigación) de 25 individuos cada uno, uniformados con pantalón azul, camisa caqui y gorra azul con cordón blanco. Desde mediados de dicho mes comenzó a prestar los servicios encomendados por el Comité de Enlace por toda la ciudad y distintos pueblos, sobresaliendo en el asunto de las detenciones. Las Milicias se asentaron en el —hoy desaparecido— antiguo edificio de Hacienda, conocido entre la población local como el cuartelillo. Sus jefes fueron el socialista Pompeyo Hernáiz Nuño y el cenetista Justo Mora Latorre. De aquí partían los dos grupos mencionados, cuyos responsables eran Alejandro Delgado Fernández y Agustín Álvarez Navarro. Sus muros fueron prisión para un número indeterminado de enemigos del régimen y testigo de duros interrogatorios que, en ocasiones, acabaron en el paseo. Las fuentes franquistas no dudaron en considerarlo una checa. Su presencia como espacio represivo se alargó hasta finales de 1936.

Autor: SNC

Audiencia Provincial de Cuenca

Audiencia Provincial. Fuente: MUÑOZ, José Luis (1983): Crónica de un tiempo, una ciudad (1896-1936). Cuenca: Olcades

La violencia arbitraria desatada tras el fallido golpe militar de julio de 1936 condujo a las autoridades republicanas a emprender una serie de medidas legales como las efectuadas en el ámbito de la Administración de Justicia. Esta quedó desarticulada y casi inoperante desde entonces. Como en otras zonas de la España republicana, en Cuenca se crearon nuevos organismos de justicia, comúnmente conocidos como “tribunales populares”, por la cabida dada al “pueblo”. Así, representantes de los partidos y las organizaciones sindicales afectas al Frente Popular estuvieron presentes en los juicios a través del Jurado. A lo largo de la guerra, en la capital actuaron un total de 3. Su jurisdicción abarcó toda la provincia y su labor significó el ejercicio de la “represión legal”: el Tribunal Especial Popular de Cuenca se creó por orden de 4 de septiembre con el objetivo inicial de juzgar los delitos de rebelión, sedición y contra la seguridad del Estado. Su actividad se prolongó hasta días antes de caer la plaza. Conoció 278 sentencias, implicando a un total de 498 personas. Impuso 6 penas de muerte, 5 de ellas ejecutadas por un delito de violación y asesinatos; el Jurado de Urgencia, se constituyó en diciembre de 1936 para conocer actos de desafección u hostilidad que no revestían caracteres de delito. Su trayectoria es difícilmente evaluable por no conservarse suficiente documentación; y el Tribunal Especial de Guardia, que comenzó su andadura en junio de 1938 con el propósito de conocer delitos de espionaje, alta traición, derrotismo e infracciones en materia de subsistencias. El balance, 94 sentencias que afectaron a 347 personas, de las que 20 fueron condenadas a la última pena. En términos generales, la actuación de los Tribunales republicanos conquenses fue benévola. Muestra de ello es el alto número de absoluciones.

Autor: SNC

En el subsuelo: refugios antiaéreos de Cuenca

Refugio de la calle Alfonso VIII. Disponible en: https://www.minube.com/rincon/tunel-de-alfonso-viii-a441711#

La fractura social, política y económica que provocó el golpe militar hizo que las distintas regiones de la España republicana tuvieran que adaptarse a las nuevas consecuencias y necesidades de guerra, así como contribuir a la victoria de la República. En este sentido, Cuenca no fue ajena. Su aportación a la causa y, con ello, su consolidación como espacio de retaguardia, se tradujo en iniciativas como la reorganización de tropas y evacuados, el asentamiento de almacenes de víveres, la creación de hospitales de sangre, el establecimiento de campos de aviación o la habilitación de refugios antiaéreos.  Precisamente, esto último fue una de las inquietudes iniciales de las autoridades locales. Aunque Cuenca y su provincia no fueron un objetivo prioritario para los rebeldes, el contexto de guerra hacía imposible descartar bombardeos de los que, finalmente, fue testigo. A lo largo del conflicto la capital sufrió un total de 4 ataques aéreos que dejaron una treintena de muertes, siendo el más grave el producido en la madrugada del 5 de agosto de 1937 en la zona de la estación. A estos habría que sumar los bombardeos acaecidos en otro enclave estratégico como fue Tarancón, y los de Cañete, Landete o las proximidades de Quintanar del Rey, también saldados con varias muertes. Para la salvaguarda de la población civil en la capital se acondicionaron antiguos túneles, cuevas y sótanos de casas particulares y otros edificios, además de construirse algunos nuevos, sobre todo, por iniciativa vecinal. No todos se acabaron y dispusieron, pese a las informaciones proporcionadas por la Junta de Defensa Pasiva Antiaérea que llegó a advertir de la funcionalidad de más de una veintena de estos. En su arreglo participaron varias mujeres, niños y convecinos tachados de “derechistas”. Asimismo, en los pueblos de la provincia se habilitaron y erigieron otros espacios subterráneos con la misma función, tales como los de Villamayor de Santiago, Tarancón, San Clemente o Cañete.

Prisión provincial de Cuenca

Prisión Provincial de Cuenca hacia los años 40. Disponible en: http://www.pacoarenas-escritor.com/2018/02/la-antigua-carcel-de-cuenca-fotografias.html

El fracaso de la sublevación en Cuenca tuvo, entre otras repercusiones, la inmediata y progresiva detención de “derechistas”, “fascistas” y desafectos al régimen republicano. Las nuevas circunstancias hicieron que, desde muy temprano, la Prisión Provincial se convirtiera en el espacio de privación de libertad más significativo. A lo largo del conflicto más de 2000 personas procedentes de distintos rincones de la provincia fueron encarceladas aquí; un número que ninguna otra realidad carcelaria de la capital o las prisiones de partido alcanzó. La guerra alteró, ciertamente, su estructura organizativa y funcionalidad previas, con departamentos y patios según el género, celdas abarrotadas y otras dependencias adaptadas a las nuevas circunstancias. A diferencia de otras prisiones de la zona republicana donde los funcionarios estaban sindicados y constituyeron un Comité para su dirección, en la de Cuenca, al menos en sus inicios, no se dio porque sus funcionarios no pertenecían a ninguna organización. Con el tiempo, algunos se afiliaron a la UGT local, mayormente por imposición. En gran medida, los testimonios orales y los avales y las declaraciones de testigos contenidos en los procedimientos sumarísimos de posguerra coinciden en señalar el buen trato dispensado por los distintos funcionarios, muchos considerados afectos a la “Causa Nacional”, como el caso de Marcial Cerezo Romero, afiliado a FE de Cuenca con anterioridad al golpe. Por su parte, uno de los episodios más destacables en torno a dicha prisión se produjo el 15 de agosto de 1936, momento en el que la represión en la capital y la provincia ya había mostrado su virulencia de mano de las milicias y comités. En esta fecha, un grupo de anarquistas locales y milicianos de la Columna del Rosal materializaron la saca de varios presos, entre los que se hallaba el jefe provincial de Falange, Benito Pérez García, que fueron objeto de las balas en la madrugada del día 16 en las inmediaciones del Camino de San Isidro.

Los hombres y mujeres que ingresaron en la prisión lo hicieron procedentes bien de libertad, o bien de los depósitos municipales o cárceles de partido, y entregadas por guardias de seguridad, el jefe del grupo de Milicias, agentes de la brigada de investigación o el SIM. Tras ello, quedaban a disposición del propio gobernador civil, la Junta de Defensa o el juez especial de los Tribunales Populares, dependiendo del caso y cada momento. Los periodos de estancia fueron diversos. Mientras unos permanecieron varios días, otros estuvieron meses y, otros más, varios años, incluso hasta la misma caída de Cuenca en manos rebeldes.

Autor: SNC