La violencia revolucionaria fue especialmente intensa en los primeros seis meses tras el golpe de Estado: los comités se hicieron con el poder en las calles, mientras los organismos oficiales y las fuerzas de seguridad paralizaban su actividad. Las milicias locales fueron dueñas de la situación entre julio y diciembre de 1936, imponiendo el terror sobre quienes tenían por sus enemigos: las personas consideradas derechistas y católicas.
Un Comité de Investigación o Salud Pública, controlado por la CNT, recibía las denuncias de aquellos sospechosos y ordenaba su detención, tras lo cual algunos eran conducidos a la Prisión Provincial, pero otros acababan en los centros de detención conocidos como “checas”, donde tras ser interrogados y torturados, se les ejecutaba y se abandonaba sus cadáveres en fosas comunes o cunetas de las carreteras. Al principio del conflicto, una de las más activas fue la de las Juventudes Libertarias, que a mediados de septiembre dejó de funcionar: entonces se estableció un cuartel del Frente Popular en edificio conocido como “Hacienda Vieja” -debido a que había sido un edificio de Hacienda – en la calle Diego Jiménez. Este cuartel contaba con dos grupos móviles que acudían a hacer registros y detenciones, y conducían a los detenidos al edificio para que fueran juzgados por el Comité.
Algunas personas pasaron por este tristemente famoso cuartelillo tras haber sido liberadas de la Prisión Provincial. Fue el caso de cuatro religiosos que habían permanecido en la cárcel desde el 31 de julio y que, al ser puestos en libertad el 20 de septiembre, fueron apresados por los milicianos de Hacienda Vieja, conducidos a este lugar y fusilados cuatro días después en las tapias del cementerio.
Autora: ACP
