Convento Pasionistas de Daimiel

La violencia revolucionaria fue especialmente intensa en los primeros seis meses tras el golpe de Estado, cuando las autoridades republicanas en la provincia carecían de capacidad para controlar la situación. Los comités de sindicatos y partidos políticos se habían hecho con el poder en las calles, mientras instituciones como el Ayuntamiento, la Diputación Provincial o la Audiencia Provincial paralizaban su actividad. Tampoco había fuerzas de seguridad ciudadana, puesto que la Guardia Civil y la Guardia de Asalto había sido enviada a Madrid. Las milicias locales fueron dueñas de las calles por la fuerza de las armas entre julio y diciembre de 1936, imponiendo el terror sobre los que consideraban sus enemigos.

Entre aquellos destacaban los religiosos, sobre los que se desató la persecución por su condición tradicionalmente conservadora y su acercamiento a las clases altas. La Iglesia fue despojada de sus propiedades, parte de su patrimonio fue destruido y las vidas de sacerdotes y religiosos fueron segadas: Montero calcula que en la zona republicana se asesinó a 13 obispos y 6.832 sacerdotes y religiosos. 

En la provincia de Ciudad Real se produjeron cuatro grandes matanzas de religiosos: una de ellas fue la de los pasionistas de Daimiel. Unos 30 religiosos componían esta comunidad: el 22 de julio, un grupo fue apresado en la estación de tren de la localidad, atado y paseado hasta el Gobierno civil. Expulsados del municipio, decidieron dividirse en grupos e ir a Madrid, donde se creían más seguros. Nueve de ellos llegaron a Madrid, pero allí fueron asesinados en Carabanchel Bajo: doce fueron detenidos en la estación de Manzanares, donde fueron fusilados – seis de ellos sobrevivieron solo para ser asesinados dos meses después en la misma localidad. Cinco más fueron asesinados en Urda y Carrión de Calatrava. 

Autora: ACP

Seminario Conciliar de Ciudad Real

La violencia revolucionaria fue especialmente intensa en los primeros seis meses tras el golpe de Estado, cuando las autoridades republicanas en la provincia carecían de capacidad para controlar la situación. Los comités de sindicatos y partidos políticos se habían hecho con el poder en las calles, mientras instituciones como el Ayuntamiento, la Diputación Provincial o la Audiencia Provincial paralizaban su actividad. Tampoco había fuerzas de seguridad ciudadana, puesto que la Guardia Civil y la Guardia de Asalto había sido enviada a Madrid. Las milicias locales fueron dueñas de las calles por la fuerza de las armas entre julio y diciembre de 1936, imponiendo el terror sobre los que consideraban sus enemigos.

Los registros y detenciones eran el pan de cada día de estos primeros meses de violencia. La gran mayoría de los presos se concentraron cárceles como la Prisión Provincial de Ciudad Real, pero muchos otros eran enviados a centros establecidos por las milicias, conocidos como “checas”. Las “checas” se establecieron por toda la provincia de Ciudad Real, generalmente en edificios religiosos como el Seminario Conciliar de la capital. Inaugurado en 1887, fue incautado por los socialistas en las primeras jornadas tras el golpe de julio de 1936 y se convirtió en la Casa del Pueblo y la sede del Comité Provincial del Partido Socialista Obrero Español, que antes ocupaba un local de la calle Ciruela, y ejerció de oficina de reclutamiento de voluntarios para integrar las milicias. Durante estos primeros meses también se utilizó como checa, donde eran encerrados los detenidos por las milicias revolucionarias. Golpistas, propietarios, conservadores o religiosos fueron conducidos al Seminario donde eran interrogados, torturados y sometidos a un “juicio popular de carácter sumarísimo” tras el cual los más afortunados eran liberados, mientras que otros eran enviados a la Prisión Provincial o fusilados por la noche en lugares como el pozo del Cementerio de Carrión de Calatrava.

Autora: ACP

Prisión provincial de Ciudad Real

La violencia revolucionaria fue especialmente intensa en los primeros seis meses tras el golpe de Estado, cuando las autoridades republicanas en la provincia carecían de capacidad para controlar la situación. Los comités de sindicatos y partidos políticos se habían hecho con el poder en las calles, mientras instituciones como el Ayuntamiento, la Diputación Provincial o la Audiencia Provincial paralizaban su actividad. Tampoco había fuerzas de seguridad ciudadana, puesto que la Guardia Civil y la Guardia de Asalto había sido enviada a Madrid. Las milicias locales fueron dueñas de las calles por la fuerza de las armas entre julio y diciembre de 1936, imponiendo el terror sobre los que consideraban sus enemigos.

Los registros y detenciones eran el pan de cada día de estos primeros meses de violencia. Parte de los detenidos eran enviados a centros establecidos por las milicias, conocidos como checas, mientras que otros eran encerrados en cárceles oficiales. La gran mayoría de los presos se concentraron en la Prisión Provincial de Ciudad Real.

Esta cárcel, construida en 1934 como parte de la política penitenciaria de la II República, fue testigo del fenómeno de las “sacas”. De madrugada y prácticamente a diario, se sacaba a cierto número de presos, sobre el papel para “practicar diligencias gubernativas”. Los presos, sin embargo, eran conducidos a lugares de ejecución donde se les fusilaba. 267 personas causaron baja en el registro de la prisión por este motivo entre agosto y noviembre de 1936: solo 3 de ellas fueron puestas en libertad.

Algunos de los presos sacados de la prisión habían sido juzgados por los Tribunales Populares y condenados a otras penas diferentes a la de muerte. Ni el jefe de la cárcel, Rafael Morales, ni el juez instructor de Ciudad Real, Luis María Moliner Lanaja, pudieron detener estos crímenes. En la prisión se había establecido un Comité de Cárcel formado por miembros de partidos y sindicatos que se hizo con el control de la misma y se encargaba de llevar a cabo las órdenes emitidas por el Comité de Defensa sobre el destino de los presos. El líder del Comité de Cárcel y, en última instancia, jefe en la práctica de la misma, era Antonio Ortiz Soto, de la CNT.

Las sacas comenzaron a atenuarse a raíz de la constitución del Gobierno de Francisco Largo Caballero en septiembre y la toma de posesión del nuevo gobernador civil de Ciudad Real, José Serrano Romero, en octubre; disminuyeron enormemente a partir de diciembre del 36 y prácticamente se eliminaron en los primeros meses de 1937, cuando se disolvieron los comités revolucionarios y las instituciones gubernativas recobraron el poder perdido.

Autora: ACP

Fosa del Cementerio de Carrión de Calatrava trasladada al Valle de Cuelgamuros

La violencia revolucionaria fue especialmente intensa en los primeros seis meses tras el golpe de Estado, cuando las autoridades republicanas en la provincia carecían de capacidad para controlar la situación. Los comités de sindicatos y partidos políticos se habían hecho con el poder en las calles, mientras instituciones como el Ayuntamiento, la Diputación Provincial o la Audiencia Provincial paralizaban su actividad. Tampoco había fuerzas de seguridad ciudadana, puesto que la Guardia Civil y la Guardia de Asalto había sido enviada a Madrid. Las milicias locales fueron dueñas de las calles por la fuerza de las armas entre julio y diciembre de 1936, imponiendo el terror sobre los que consideraban sus enemigos.

Los asesinatos de Ciudad Real se produjeron en dos lugares principales: en primer lugar se ejecutaron en las tapias del cementerio de la capital, que cedió en importancia con el tiempo ante el Pozo de Carrión, el pozo de una noria situada dentro del cementerio de la localidad de Carrión de Calatrava. Según las declaraciones del alcalde al fiscal de la Causa General en 1943, no se había podido realizar la exhumación de los cadáveres de esta fosa común por su profundidad: calculaba que había que en ella unos 600, de los cuales se desconocía su vecindad. Se estima, sin embargo, que este número era una exageración.

En diciembre de 1960, los restos de 94 personas fueron exhumados del pozo y trasladados al Valle de Cuelgamuros, antes denominado Valle de los Caídos. Entre los nombres aportados entonces, 26 de ellos son incorrectos, por lo que aún se desconoce la identidad de las víctimas: probablemente fueran personas procedentes de Ciudad Real y otras localidades de su ámbito de influencia, como algunos miembros de la familia Alhambra Salcedo, de La Solana, y de la Ballestero Fuentes, de Cabezarados.

Autora: ACP

Matanza de los religiosos de Almagro

Sepulcro monjes dominicos en el convento de Almagro, disponible en http://elsayon.blogspot.com/2013/11/los-dominicos-de-almagro-martires-de.html

La violencia revolucionaria fue especialmente intensa en los primeros seis meses tras el golpe de Estado, cuando las autoridades republicanas en la provincia carecían de capacidad para controlar la situación. Los comités de sindicatos y partidos políticos se habían hecho con el poder en las calles, mientras instituciones como el Ayuntamiento, la Diputación Provincial o la Audiencia Provincial paralizaban su actividad. Tampoco había fuerzas de seguridad ciudadana, puesto que la Guardia Civil y la Guardia de Asalto había sido enviada a Madrid. Las milicias locales fueron dueñas de las calles por la fuerza de las armas entre julio y diciembre de 1936, imponiendo el terror sobre los que consideraban sus enemigos.

Entre aquellos destacaban los religiosos, sobre los que se desató la persecución por su condición tradicionalmente conservadora y su acercamiento a las clases altas. La Iglesia fue despojada de sus propiedades, parte de su patrimonio fue destruido y las vidas de sacerdotes y religiosos fueron segadas: Montero calcula que en la zona republicana se asesinó a 13 obispos y 6.832 sacerdotes y religiosos. 

En la provincia de Ciudad Real se produjeron cuatro grandes matanzas de religiosos: una de ellas fue la de los franciscanos y dominicos de Almagro. El día 23 de julio, el alcalde de Almagro ordenó a los religiosos evacuar sus conventos, permitiéndoles primero alojarse en casas particulares pero cambiando su decisión ante las protestas del Ateneo Libertario y ordenando su encierro en una casa deshabitada. A finales de mes, el alcalde les facilitó salvoconductos para que fueran a Ciudad Real, donde se les suponía a salvo: los cuatro primeros en tomar el ten hacia la capital fueron sin embargo detenidos y asesinados en la estación de Miguelturra. Otros 14 fueron asesinados dos semanas más tarde en las afueras de Almagro por milicianos del Ateneo que pretendían evitar su traslado a Madrid ordenado por el alcalde. 

Autora: ACP

Matanza de los pasionistas de Daimiel en la estación de Manzanares

 La violencia revolucionaria fue especialmente intensa en los primeros seis meses tras el golpe de Estado, cuando las autoridades republicanas en la provincia carecían de capacidad para controlar la situación. Los comités de sindicatos y partidos políticos se habían hecho con el poder en las calles, mientras instituciones como el Ayuntamiento, la Diputación Provincial o la Audiencia Provincial paralizaban su actividad. Tampoco había fuerzas de seguridad ciudadana, puesto que la Guardia Civil y la Guardia de Asalto había sido enviada a Madrid. Las milicias locales fueron dueñas de las calles por la fuerza de las armas entre julio y diciembre de 1936, imponiendo el terror sobre los que consideraban sus enemigos.

Entre aquellos destacaban los religiosos, sobre los que se desató la persecución por su condición tradicionalmente conservadora y su acercamiento a las clases altas. La Iglesia fue despojada de sus propiedades, parte de su patrimonio fue destruido y las vidas de sacerdotes y religiosos fueron segadas: Montero calcula que en la zona republicana se asesinó a 13 obispos y 6.832 sacerdotes y religiosos. 

En la provincia de Ciudad Real se produjeron cuatro grandes matanzas de religiosos: una de ellas fue la de los pasionistas de Daimiel. Unos 30 religiosos componían esta comunidad: el 22 de julio, un grupo fue apresado en la estación de tren de la localidad, atado y paseado hasta el Gobierno civil. Expulsados del municipio, decidieron dividirse en grupos e ir a Madrid, donde se creían más seguros. Nueve de ellos llegaron a Madrid, pero allí fueron asesinados en Carabanchel Bajo: doce fueron detenidos en la estación de Manzanares, donde fueron fusilados – seis de ellos sobrevivieron solo para ser asesinados dos meses después en la misma localidad. Cinco más fueron asesinados en Urda y Carrión de Calatrava. 

Autora: ACP

Matanza de la estación de Fernán Caballero

Dibujo de la estación de Fernán Caballero.

La violencia revolucionaria fue especialmente intensa en los primeros seis meses tras el golpe de Estado, cuando las autoridades republicanas en la provincia carecían de capacidad para controlar la situación. Los comités de sindicatos y partidos políticos se habían hecho con el poder en las calles, mientras instituciones como el Ayuntamiento, la Diputación Provincial o la Audiencia Provincial paralizaban su actividad. Tampoco había fuerzas de seguridad ciudadana, puesto que la Guardia Civil y la Guardia de Asalto había sido enviada a Madrid. Las milicias locales fueron dueñas de las calles por la fuerza de las armas entre julio y diciembre de 1936, imponiendo el terror sobre los que consideraban sus enemigos.

Entre aquellos destacaban los religiosos, sobre los que se desató la persecución por su condición tradicionalmente conservadora y su acercamiento a las clases altas. La Iglesia fue despojada de sus propiedades, parte de su patrimonio fue destruido y las vidas de sacerdotes y religiosos fueron segadas: Montero calcula que en la zona republicana se asesinó a 13 obispos y 6.832 sacerdotes y religiosos. 

En la provincia de Ciudad Real se produjeron cuatro grandes matanzas de religiosos: una de ellas fue la de los claretianos en la estación de Fernán Caballero. La comunidad claretiana de Ciudad Real era en vísperas del golpe era especialmente numerosa, ya que parte de los religiosos de Zafra se habían unido a la comunidad de la capital de la provincia. El 24 de julio un grupo de milicianos acudieron a la casa en la que se encontraban los estudiantes claretianos y exigieron que la abandonaran, pero mientras se estaban preparando para ello un delegado del gobernador civil les impuso el arresto domiciliario en el local en el que se encontraban. Cuatro días después, el gobernador arregló su traslado a Madrid, extendiéndoles salvoconductos que permitan su salida. La primera expedición estaba compuesta por 14 estudiantes que tomaron el tren en la estación de Ciudad Real, y que fue parada en la siguiente estación camino a la capital, la de Fernán Caballero. Habían sido unos milicianos los que habían obligado al maquinista a detener el ferrocarril, para a continuación hacer descender a los religiosos y fusilarles allí mismo a la vista de todos.

Autora: ACP

Checa en el convento de las Mínimas

La violencia revolucionaria fue especialmente intensa en los primeros seis meses tras el golpe de Estado, cuando las autoridades republicanas en la provincia carecían de capacidad para controlar la situación. Los comités de sindicatos y partidos políticos se habían hecho con el poder en las calles, mientras instituciones como el Ayuntamiento, la Diputación Provincial o la Audiencia Provincial paralizaban su actividad. Tampoco había fuerzas de seguridad ciudadana, puesto que la Guardia Civil y la Guardia de Asalto había sido enviada a Madrid. Las milicias locales fueron dueñas de las calles por la fuerza de las armas entre julio y diciembre de 1936, imponiendo el terror sobre los que consideraban sus enemigos.

Los registros y detenciones eran el pan de cada día de estos primeros meses de violencia. La gran mayoría de los presos se concentraron cárceles como la Prisión Provincial de Ciudad Real, pero muchos otros eran enviados a centros establecidos por las milicias, conocidos como “checas”. Las “checas” se establecieron por toda la provincia de Ciudad Real, generalmente en edificios religiosos como el convento de Las Mínimas de Daimiel, localización en la que se establecieron milicianos anarquistas de la CNT. 

Los detenidos por las milicias eran conducidos, normalmente de madrugada, al convento de Las Mínimas, Allí eran interrogados y torturados, tras lo cual generalmente eran conducidos a lugares de ejecución en los que se les fusilaba. Algunos, como el juez municipal Tomás Briso de Motiano se salvó de este destino a pesar de haber pasado por el convento.

Matanza de los Padres Franciscanos

La violencia revolucionaria fue especialmente intensa en los primeros seis meses tras el golpe de Estado, cuando las autoridades republicanas en la provincia carecían de capacidad para controlar la situación. Los comités de sindicatos y partidos políticos se habían hecho con el poder en las calles, mientras instituciones como el Ayuntamiento, la Diputación Provincial o la Audiencia Provincial paralizaban su actividad. Tampoco había fuerzas de seguridad ciudadana, puesto que la Guardia Civil y la Guardia de Asalto había sido enviada a Madrid. Las milicias locales fueron dueñas de las calles por la fuerza de las armas entre julio y diciembre de 1936, imponiendo el terror sobre los que consideraban sus enemigos.

Entre aquellos destacaban los religiosos, sobre los que se desató la persecución por su condición tradicionalmente conservadora y su acercamiento a las clases altas. La Iglesia fue despojada de sus propiedades, parte de su patrimonio fue destruido y las vidas de sacerdotes y religiosos fueron segadas: Montero calcula que en la zona republicana se asesinó a 13 obispos y 6.832 sacerdotes y religiosos. 

En la provincia de Ciudad Real se produjeron cuatro grandes matanzas de religiosos: una de ellas fue la de los franciscanos de Alcázar de San Juan. La noche del 20 de julio, los milicianos rodearon el convento de los padres franciscanos en esta localidad, donde había 8 religiosos. Dos días después, un grupo armado acudió a llevarse a los monjes, según afirmaban, con autorización oficial. Los religiosos fueron atados y conducidos al Ayuntamiento, donde se les unieron otros monjes, tras lo cual fueron llevados a la antigua ermita de San Juan, conocida como “El Refugio.” Tras cinco días de encierro, los 13 religiosos detenidos fueron conducidos a un lugar denominado “Los Sitios”, donde se les fusiló. Uno de ellos, Isidoro Álvarez Hernández, salvó la vida y huyó, y aunque fue detenido poco después, ya no volvió a intentar ser asesinado.

La violencia revolucionaria fue especialmente intensa en los primeros seis meses tras el golpe de Estado, cuando las autoridades republicanas en la provincia carecían de capacidad para controlar la situación. Los comités de sindicatos y partidos políticos se habían hecho con el poder en las calles, mientras instituciones como el Ayuntamiento, la Diputación Provincial o la Audiencia Provincial paralizaban su actividad. Tampoco había fuerzas de seguridad ciudadana, puesto que la Guardia Civil y la Guardia de Asalto había sido enviada a Madrid. Las milicias locales fueron dueñas de las calles por la fuerza de las armas entre julio y diciembre de 1936, imponiendo el terror sobre los que consideraban sus enemigos.

Entre aquellos destacaban los religiosos, sobre los que se desató la persecución por su condición tradicionalmente conservadora y su acercamiento a las clases altas. La Iglesia fue despojada de sus propiedades, parte de su patrimonio fue destruido y las vidas de sacerdotes y religiosos fueron segadas: Montero calcula que en la zona republicana se asesinó a 13 obispos y 6.832 sacerdotes y religiosos. 

En la provincia de Ciudad Real se produjeron cuatro grandes matanzas de religiosos: una de ellas fue la de los franciscanos de Alcázar de San Juan. La noche del 20 de julio, los milicianos rodearon el convento de los padres franciscanos en esta localidad, donde había 8 religiosos. Dos días después, un grupo armado acudió a llevarse a los monjes, según afirmaban, con autorización oficial. Los religiosos fueron atados y conducidos al Ayuntamiento, donde se les unieron otros monjes, tras lo cual fueron llevados a la antigua ermita de San Juan, conocida como “El Refugio.” Tras cinco días de encierro, los 13 religiosos detenidos fueron conducidos a un lugar denominado “Los Sitios”, donde se les fusiló. Uno de ellos, Isidoro Álvarez Hernández, salvó la vida y huyó, y aunque fue detenido poco después, ya no volvió a intentar ser asesinado.

Autora: ACP

Prisión en el convento de las Dominicas

El convento de las Dominicas, fundado en el siglo XV, fue incautado por las organizaciones obreras en los primeros días tras el golpe de estado de julio de 1936. Tuvo dos funciones principales durante la guerra civil. En primer lugar, fue utilizado como centro de detención – conocido como “checa”- durante los primeros meses de conflicto, cuando las instituciones oficiales perdieron el control de la situación y las milicias armadas se hicieron con el poder en las calles, desatando una ola de represión sobre aquellos que consideraban sus enemigos, fueran golpistas o simplemente conservadores, religiosos o propietarios. Por otro lado, también ejerció de local de acogida de refugiados, convirtiéndose en la sede del Comité Provincial de Refugiados a lo largo del conflicto. Este Comité era el encargado de organizar a nivel provincial la asistencia a los refugiados que llegaban de otros lugares.

El problema de los refugiados fue uno de los más importantes a los que tuvo que hacer frente Ciudad Real.  Éstos empezaron a llegar por miles a la localidad ya en los primeros momentos de la guerra, y continuaron protagonizando oleadas entre 1937 y 1938 de personas procedentes de Madrid, Andalucía y Extremadura, huyendo de la guerra y del avance de los sublevados.  Así, para finales de 1937, la población de Ciudad Real era casi el triple: si antes de la guerra eran 26.000 habitantes, entonces se habían alcanzado los 76.000.  Esto supuso una enorme presión para la ciudad, que tenía que repartir los escasos alimentos y viviendas disponibles entre una población muy superior a la normal.

Autora: ACP