Categoría Padre: Guerra Civil

Toledo fue una de las provincias en las que el fenómeno represivo cobró más fuerza. Como en el resto de la retaguardia republicana, la violencia estalló cuando el Gobierno perdió el control de la situación y las milicias obreras armadas se erigieron en las dueñas de las calles. Estas milicias procedieron a detener no sólo a los implicados en la sublevación, también a aquellos que consideraban sus enemigos, como las personas conservadoras, los religiosos o los grandes propietarios.

Las tres cárceles de la provincia, la provincial de Toledo, el Reformatorio de adultos de Ocaña y la de Talavera de la Reina sobrepasaron su capacidad muy pronto: en agosto las prisiones de Toledo y Ocaña acogían en agosto a 191 y 71 prisioneros respectivamente, mientras que en la de Ocaña había 160 en octubre. Los detenidos en estas prisiones corrieron, en principio, mejor suerte que aquellos conducidos a los centros de detención de las milicias, conocidos como “checas”. Éstos eran interrogados y torturados en dichos centros, tras lo cual se les sometía a un “juicio” por el comité de turno y se decidía su suerte, que frecuentemente involucraba el “paseo” a un lugar en las afueras de la localidad en el que se les fusilaba.

Los detenidos en las cárceles de la provincia, sin embargo, no estaban completamente a salvo. Tanto en la prisión de Toledo como en la de Ocaña se produjeron “sacas”, episodios en los que una multitud armada asaltaba la cárcel y elegía presos a los que sacaba del centro y fusilaba en los lugares de ejecución.

El número de víctimas de esta oleada de violencia, que se extendió en parte dela provincia hasta su conquista por los sublevados y en la otra hasta finales de 1936, es difícil de conocer con exactitud. José Manuel Sabín Rodríguez ha trabajado diversas fuentes hasta establecer la cifra de 3.152, hoy en día la más fiable.

Autora: ACP

La violencia se desató en Guadalajara en los primeros instantes tras el sofocamiento del golpe: las milicias victoriosas ejecutaron a los oficiales que habían liderado a la sublevación una vez cayeron en sus manos. Fue el caso del comandante Rafael Ortiz de Zárate, ejecutado cerca de la posición que había estado defendiendo durante la jornada en el puente sobre el Henares.

Una vez ajustadas las cuentas con los militares rebeldes, los milicianos emprendieron la búsqueda de aquellos civiles a los que consideraban sus enemigos: conservadores, propietarios y religiosos. Tras detenerlos, eran conducidos a centros de detención mal llamados  “checas”, donde se les interrogaba y sometía a torturas, para que después fueran juzgados por el Comité del centro. Los culpables eran conducidos a lugares de ejecución como las tapias de los cementerios o parajes situados en las afueras de las localidades, por ejemplo, el de Cuatrocaminos en la carretera hacia Chiloeches en el caso de la capital. 

Aquellos que habían sido detenidos en la Prisión provincial se salvaron de este destino sólo temporalmente: algunos pasaron a formar parte de “sacas” como la que tuvo lugar en diciembre de 1936 y en la que perecieron 282 personas.

Aunque se pueda aportar el dato anterior, y como ocurre frecuentemente en el caso de la violencia revolucionaria, no se conoce con exactitud la cifra total de víctimas. Las autoridades trataron de parar las ejecuciones ilegales desde los primeros momentos sin éxito: el Gobernador Civil publicó dos bandos para atajarlas, uno a finales de julio y otro en la segunda quincena de agosto de 1936. La violencia fue disminuyendo conforme el Estado fue recuperando sus atribuciones y prácticamente desapareció en los primeros meses de 1937.

Autora: ACP

La violencia revolucionaria fue especialmente intensa en los primeros seis meses tras el golpe de Estado: los comités se hicieron con el poder en las calles, mientras los organismos oficiales y las fuerzas de seguridad paralizaban su actividad. Las milicias locales fueron dueñas de la situación entre julio y diciembre de 1936, imponiendo el terror sobre quienes tenían por sus enemigos: las personas consideradas derechistas y católicas.

Un Comité de Salud Pública, controlado por la CNT, recibía las denuncias de aquellos sospechosos y ordenaba su detención, tras lo cual algunos eran conducidos a la Prisión Provincial, pero otros acababan en los centros de detención conocidos como “checas”, donde tras ser interrogados y torturados, se les ejecutaba y se abandonaba sus cadáveres en fosas comunes o cunetas de las carreteras. La Prisión Provincial tampoco era garantía de seguridad, porque desde este lugar se produjeron “sacas”, que consistían en extraer a los presos para fusilarlos

Bandas de milicianos armados patrullaron de pueblo en pueblo arrestando personas y trasladándolas a la capital, como la banda de Pambarato. En algunas localidades, como en Picazo del Júcar, las milicias autóctonas evitaron este tipo de detenciones. En algunas ocasiones, las bandas ejecutaban a los detenidos directamente en las afueras de los pueblos visitados: así ocurrió con la columna liderada por Francisco del Rosal, que sembraba los lugares por los que pasaba de saqueos, destrucciones de iglesias y ejecuciones.

No está claro el número de víctimas de esta violencia en Cuenca, ya que las fuentes existentes se contradicen y presentan errores, y faltan investigaciones meticulosas localidad por localidad. Ana Belén Rodríguez ha situado la cifra de asesinados en 516, utilizando fuentes como el registro civil. La magnitud de la violencia fue menor en Cuenca que en Albacete o Toledo, y dentro de la misma, no hubo fusilamientos en la gran mayoría de los pueblos. Las localidades en las que más asesinatos se produjeron fueron la propia capital y Tarancón, seguidas a una distancia importante por Quintanar del Rey, Uclés y Casasimarro

Autora: ACP

La violencia desatada en la provincia de Albacete tras el fracaso del golpe en la primera semana de conflicto compartió las características principales que tuvo este fenómeno en el resto de la retaguardia republicana. Las autoridades republicanas perdieron el control de la situación y las milicias obreras, armadas para sofocar el golpe, tomaron las calles, organizando sus propios comités que, entre otras atribuciones, se encargaban de la represión del enemigo.

En 26 localidades de la provincia no se dio ninguna muerte violenta y en 17 sólo se produjo una, mientras que fueron 11 en las que se concentraron los hechos violentos. Estas 11 eran, como Albacete, Caudete, Hellín, Villarrobledo, La Roda o Tarazona, los municipios más poblados de la provincia, donde la sublevación triunfó en los primeros momentos y en los que ya había habido cierta conflictividad en los años anteriores.

El perfil de víctima de esta oleada represiva no solo era el de una persona que había participado en la sublevación, también lo fueron aquellos considerados de derechas, propietarios y empleadores o religiosos.

Las milicias detenían a sus sospechosos, frecuentemente por la noche, y los conducían a los centros de detención conocidos como “checas”. En estos eran interrogados y, si eran hallados culpables por los tribunales revolucionarios, se les conducía a lugares de ejecución como las tapias de los cementerios o carreteras de acceso a las localidades. Albacete fue el lugar preferido para estos “paseos”: muchas de las víctimas.

Como ocurre en el resto de Castilla-La Mancha y en la retaguardia republicana en general, no se conoce la cifra exacta de personas asesinadas: una de las aproximaciones más sólidas, la de Manuel Ortiz Heras, se sitúa en las 920.

Autora: ACP