PARA SABER MÁS:
La sublevación militar comenzó en Melilla el 17 de julio a las 17 horas. La consigna del general Emilio Mola, director de la conspiración, era que en cada región militar (División Orgánica) la comenzase a partir de esa fecha cuando se dieran las circunstancias más propicias para la victoria. Cronológicamente, el golpe de Estado en la Península se extendió entre el día 18 y el 28 de julio, aunque ya en esa fecha tan tardía o en las más cercanas sólo hubo levantamientos en muy pocas poblaciones, generalmente pequeñas, constituyendo casos realmente singulares, como el de Arenas de San Juan (Ciudad Real), el día 23. También hubo localidades donde las fuerzas permanecían sublevadas, como en Albacete y Villarrobledo, que se rindieron el día 25, haciéndolo en fechas posteriores otros pequeños municipios de la provincia. Valladolid fue la primera capital peninsular donde triunfó plenamente la sublevación, la misma tarde del 18.
Si analizamos cronológicamente la sublevación en todas las capitales de provincia donde se llevó a efecto (cuarenta y una), los militares sublevados vencieron en treinta y fracasaron en once; es decir, el 73,17 y 26,82 %, respectivamente. En el resto (once) no hubo ningún tipo de sublevación, por la indecisión a última hora de los jefes militares, porque no entraba en sus planes o porque las autoridades civiles dominaron la situación. Luego la República controló veintidós capitales (42,30 %) por treinta los sublevados (57,69 %).
Aunque la jornada más conocida del golpe de Estado es la del 18 de julio, éste no fue el día en el que estalló mayoritariamente, ni mucho menos. Sólo en cinco capitales peninsulares los militares sublevados declararon ese día el estado de guerra (12,19 %). En la mayor parte de capitales de provincia donde hubo alzamiento militar, éste se produjo el día 19, con veinticuatro casos (58,53 %), bien es cierto que la mayoría en las primeras horas de la madrugada. El día 20 se declaró en seis capitales (14,63 %). La fecha más tardía fue la del día 21, con cuatro ciudades (9,75 %). Fuera del territorio peninsular, la sublevación se adelantó a la jornada del día 17 (Ceuta y Melilla).
Analizando el total de jornadas transcurridas desde que se declaró el estado de guerra hasta que los militares controlaron todas las instituciones públicas puede deducirse que se trató de un golpe enérgico y efectivo, pues en la mayor parte de las capitales los militares sublevados se hicieron con la ciudad en menos de un día desde que hicieron público el bando de guerra, incluso en cuestión de pocas horas. La mayor excepción la constituye Albacete, donde las fuerzas sublevadas, de la Guardia Civil, estuvieron siete días dominando la ciudad, en espera de refuerzos que no llegaron.
Desde el punto de vista territorial, la idea generalizada es la de un golpe militar que afecta a todo el país y a todas las poblaciones. Sin embargo, la sublevación se preparó para todas las provincias, pero no se repartió por todas las localidades, ni mucho menos. Fue, sobre todo, una sublevación de capitales con alguna excepción en algunos de sus principales municipios, especialmente aquellos que tenían guarniciones militares. En buena parte de los pueblos la Guardia Civil fue llevada hacia las capitales, por lo que quedaron en manos de falangistas. Según la fuerza que tuvieran, éstos iniciaron o no los acontecimientos, aunque en muchos casos también fueron convocados en la capital de la provincia. En las capitales de provincia se concentraban solamente cinco millones de habitantes de algo más de veintitrés, el 21 % de la población.
Si analizamos la sublevación militar en cada capital de provincia podemos establecer cuatro modelos distintos, según sucedieron los acontecimientos. En el primer modelo triunfaron los sublevados, la ciudad fue tomada por las fuerzas alzadas haciéndose cargo de las instituciones de la administración local y provincial. Se trata del modelo más numeroso, comprendiendo a treinta de cincuenta y dos capitales, incluidas Ceuta y Melilla, lo que representa el 57,69 %. En el segundo modelo triunfó, pero de manera momentánea, porque al final acabó fracasando. La situación cambió generalmente por dos circunstancias: porque las fuerzas sublevadas fueran reducidas al cabo de unas horas o días (Albacete, Guadalajara, Toledo, San Sebastián y Almería) o porque se rindieran sin más (Málaga, Lérida y Gerona). Comprende el 15,38 %.
En el tercer modelo se produjeron enfrentamientos armados graves, con víctimas mortales, pero no triunfó la sublevación en ningún momento. Aunque porcentualmente el índice es bajo, el 5,76 %, demográficamente incluye a las dos ciudades más pobladas (Madrid y Barcelona) y que más muertos dejaron en esas primeras jornadas. Además, hay que añadir a Ciudad Real, la pequeña capital manchega donde solamente hubo una víctima en el enfrentamiento entre falangistas y milicianos el 19 de julio. En el cuarto modelo se incluyen las capitales donde no pasó nada, bien porque las autoridades y milicias republicanas controlaron la situación tras requisar las armas y vigilar estrechamente a los sospechosos, bien porque no hizo falta ni eso. Representa el 21,15 %.
El plan de los sublevados muestra un patrón común que refuerza la idea de una trama sólida de la conspiración y sublevación y que en cada provincia no se actuó por libre, sino que tenían unas pautas colectivas de comportamiento según el grado de compromiso de los responsables militares. Donde los jefes militares se habían comprometido (primer y tercer modelo de conspiración), el desarrollo de la sublevación fue similar:
– Los sublevados se hacen con el armamento y no obedecen a la llamada del Gobierno para que lo entregue.
– El general de cada División Orgánica declara el estado de guerra para poner en manos militares la autoridad civil por medio de un bando y las tropas salen a proclamarlo.
– Se procede a la detención y arresto del gobernador civil y otras autoridades republicanas y de los principales líderes políticos y sindicales del Frente Popular y anarquismo.
– A continuación, se intenta dominar la ciudad, apoderándose de la Casa del Pueblo, Ayuntamiento, Gobierno Civil y otros edificios públicos y entidades bancarias. Se establece vigilancia militar por la ciudad tomada con patrullas.
– La capital es el centro de la sublevación. El resto de las localidades, en general, envían sus fuerzas militares a la capital de la provincia y quedan en manos de las autoridades republicanas en espera del triunfo de la sublevación capitalina o los falangistas se hacen con el control del municipio.
Cuando no se contaba con el compromiso de los jefes militares (segundo y cuarto modelo de conspiración), bien porque no querían bien porque no había unidades militares, el desarrollo de los acontecimientos fue, más o menos, de la siguiente manera:
– Pequeños grupos de falangistas, requetés o militares toman la iniciativa y se concentran con armamento para provocar la actuación de las fuerzas militares (sobre todo Guardia Civil) o de vigilancia y seguridad de la localidad.
– Si las fuerzas locales no se comprometen con ellos, esperan a la llegada de fuerzas foráneas o se disuelven si no les garantizan apoyo externo.
Frente a la homogeneidad de planteamiento por parte de los sublevados, con dos actuaciones posibles, la respuesta de las autoridades republicanas no fue ni mucho menos uniforme. Las máximas autoridades civiles de cada provincia no tuvieron un patrón común de comportamiento ante el golpe militar. En unas provincias los gobernadores civiles actuaron con celeridad, diligencia y energía (Málaga, Huelva, Almería, Badajoz, Oviedo, Ciudad Real, Cuenca y Jaén). En otras apenas hicieron nada, por parsimonia, indecisión o ignorancia (Logroño, Cáceres, Jaén y Guipúzcoa), para desesperación de otras autoridades provinciales o locales, como presidentes de la Diputación o alcaldes, que en muchos casos tomaron la iniciativa (Córdoba y Santander). Hubo provincias, aunque pocas, en las que incluso los gobernadores se pasaron al otro bando (Toledo). Estas múltiples actitudes tuvieron una importante repercusión en la sublevación y en su desarrollo. “De esta forma, el panorama de la sublevación deparó algunas sorpresas a sus propios protagonistas. Fracasaron en ciertos sitios donde creían que el triunfo estaba asegurado y triunfaron en ámbitos donde no esperaban conseguirlo de inmediato” .
En el momento, las organizaciones obreras y la prensa culparon a los gobernadores civiles por no haber sabido abortar la sublevación rápidamente. El Socialista los calificó como “conjunto de ineptos”. El profesor Cruz justifica la actuación del Ministerio de la Gobernación y de los gobernadores civiles, explicando la ausencia de instrucciones conjuntas porque Santiago Casares Quiroga, presidente del Consejo de Ministros, quiso comunicarse individualmente con cada uno ante las distintas circunstancias y por no fiarse de la recepción correcta de las transmisiones. Los gobernadores civiles conocían sus obligaciones por los telegramas del 13 y 14 de julio y disponían, además, de autonomía para tomar las decisiones sobre seguridad que estimaran oportunas. Pero éstas fueron muy variadas; demasiado para la responsabilidad que recayó en sus manos.
En el primero de los comportamientos, cuando el gobernador civil actúa con rapidez y energía, éste comenzó por convocar urgentemente a los líderes políticos y sindicales republicanos, al jefe de la Comandancia de la Guardia Civil y al gobernador militar. Además, ordenó la movilización de las milicias populares, que respondieron en algunos casos con contundencia, echándose a la calle cumpliendo tareas de vigilancia, para desarmar a sospechosos o cuando contaron con armamento suficiente para combatir cuerpo a cuerpo. En algunos lugares también decidieron concentrar a la Guardia Civil en la capital de la provincia, para evitar levantamientos en sus municipios, para sumar sus fuerzas a sofocar la sublevación en la capital o, simplemente, para enviarla al frente, en caso de sospechar de sus intenciones. En el resto de los comportamientos las circunstancias fueron tan distintas casi como gobernadores había.
El Consejo de Ministros de la tarde del 18 de julio, reunido en el Ministerio de la Guerra a partir de las 16,30 horas, decidió el cese, entre otros, del general de división Francisco Franco Bahamonde en el mando de la Comandancia Militar de Canarias y que quedara en suspenso en el cargo de inspector general de Carabineros y general de división Gonzalo Queipo de Llano. Además, acordó la anulación del estado de guerra declarado en las plazas de Marruecos, Península, Baleares y Canarias, “relevando de la obediencia a esta disposición a las fuerzas militares de dichas plazas”, licenciar las tropas y los cuadros de mando que se han colocado frente a la legalidad republicana y disolver “todas las unidades del Ejército que han tomado parte en el movimiento insurreccional”, decía el decreto oficial. Estas medidas no eran ya suficientes, y el nerviosismo empezó a cundir en todas las esferas del poder político y sindical.
El Gobierno dirigido por Santiago Casares Quiroga presentó su dimisión al presidente de la República, Manuel Azaña, en la noche del día 18. Parecía el resultado lógico a la vista de su fracaso en prever y controlar la situación y, sobre todo, ante su negativa a entregar armas al pueblo, a dar paso a la revolución. Pensaba que si lo hacía entregaba el poder a las organizaciones obreras con lo que sumaría a la sublevación a muchos indecisos, sobre todo militares. Tras la dimisión de Casares, tampoco Azaña quería entregar armas a las milicias populares, convencido de que no tardarían en suplantar al Gobierno. Trató de buscar una solución de compromiso, llamando a Miguel Maura, moderado y católico, pero este se negó. La misma noche dramática, del 18 al 19 de julio, tanteó Azaña otra salida, que pasaba por Martínez Barrio, político sevillano, centrista y negociador, gran oriente de la masonería y, por ello, con buenas conexiones políticas y militares.
A las cuatro de la madrugada se hizo pública la constitución del nuevo Gobierno presidido por Diego Martínez Barrio, presidente de las Cortes y jefe de Unión Republicana, con la exclusión de Casares Quiroga, aunque en la práctica apenas llegó a tomar posesión por las discrepancias surgidas en el seno del Frente Popular. Lo formaban miembros de Izquierda Republicana, Unión Republicana y Partido Nacional Republicano. Los socialistas se negaron a entrar. Martínez Barrio intentó negociar la paz. Se puso en comunicación telefónica con el general Mola y le propuso la titularidad del Ministerio de Guerra y el de Gobernación para otro militar que él designara. La suerte estaba echada y no podía retroceder; así se lo comunicó Mola. “Es tarde, muy tarde…”, le contestó el general.
Socialistas, anarquistas y comunistas convocaron para la misma mañana del domingo 19 una manifestación por las calles de Madrid en protesta por la negociación. ¡Abajo el gobierno! y ¡Armas para el pueblo! fueron algunas de las consignas de los manifestantes, que aturdieron al nuevo ejecutivo. A ellas se sumaron las calificaciones de traidor de algunos correligionarios de Azaña. “Tampoco las organizaciones obreras podían ni querían retroceder. En cuanto se propaló que Martínez Barrio intentaba incluir en el Gobierno a Felipe Sánchez Román, ilustre jurista cuyo partido no se integró en el Frente Popular, y que realizaba gestiones cerca de jefes militares, comenzaron a agitarse socialistas, anarcosindicalistas y comunistas, sin faltar republicanos disconformes; todos ellos protestaron pública y tumultuosamente en manifestaciones amenazadoras que recorrieron las calles más céntricas de Madrid” . Largo Caballero presionaba para impedir las negociaciones con los militares rebeldes; en su lugar, el dirigente sindical proponía un Gobierno republicano que entregara armas a los sindicatos para vencer la rebelión, algo a lo que se habían negado tanto Casares como Martínez Barrio.
El nuevo presidente del Consejo de Ministros tardó poco más de seis horas en presentar su dimisión. El fracaso de las negociaciones y la protesta obrera y popular hacían inviable su proyecto. Azaña convocó a los principales dirigentes de los partidos políticos con el objeto de resolver la crisis. Largo Caballero rechazó una vez más la participación socialista, aunque ofreció la colaboración con un gobierno de los partidos republicanos si procedía a entregar armas a los sindicatos. Azaña aceptó. No veía otra solución, aunque la adoptada era la más temida por él porque se abrían las puertas a la revolución. “Mientras mantengamos contra los rebeldes la República legal –escribiría años después–, todos los yerros estarían de su parte. Si nos empeñásemos en mantener contra ellos y hacerles acatar ahora una revolución, su culpa original subsistiría, agravada por el estallido revolucionario que han provocado, pero tendrían derecho a desconocerla y no servirla” .
El mismo domingo 19, Azaña encargó la formación del nuevo gobierno a José Giral Pereira, catedrático universitario del mismo partido que él. Según la información divulgada por el propio Ministerio de Gobernación, se trataba de un mero retoque, al ser sustituidos solamente el presidente dimisionario y el ministro de Gobernación Juan Molés. Confesaba el fracaso político al no haber sido posible una remodelación más amplia, con un gobierno donde estuvieran representadas todas las fuerzas políticas y sindicales de izquierdas, verdadera “solución de concordia que permitiese el rápido acabamiento del grave conflicto planteado por quienes se rebelan contra el régimen republicano” .
El nuevo Consejo de Ministros estaba formado por ministros de Izquierda Republicana y Unión Republicana más dos militares. Los socialistas no quisieron participar, aunque sí lo apoyaron explícitamente. Las diferencias entre los partidos y organizaciones republicanas fue un rasgo característico no sólo de estos momentos trágicos, sino de toda la guerra. La propuesta de revolución social planteada por algunas organizaciones en estas primeras horas asustaba a muchos, especialmente al republicanismo burgués, que ya había decidido ceder a dar armas al pueblo, cuestión sobre la que se había mostrado inflexible Casares Quiroga.
El Gabinete Giral tomó la decisión más esperada por las organizaciones obreras: la entrega de armas a las organizaciones políticas y sindicales que disponían de masas para hacerse cargo de ellas. “Debido gravedad situación presente procederá V.E. a armar pueblo” , era la orden recibida en los gobiernos civiles de todas las provincias. También fue la decisión más importante de estas primeras horas, más que las remodelaciones ministeriales y los comunicados, porque significaba el comienzo de la guerra, con dos bandos armados, y en el territorio republicano, además, de la revolución. La sublevación no había triunfado, pero el Gobierno tampoco la había logrado reducir. Una vez armadas las organizaciones obreras, todos los grupos políticos y sindicales afirmaron que era el pueblo el que se batía contra el enemigo. Las organizaciones obreras se arrogaron su representación, actuando “En el nombre del pueblo”, como bien ha significado el profesor Cruz .
A las nueve de la mañana del lunes 20 de julio, el nuevo jefe del Gobierno, José Giral, se dirigió por radio al pueblo español. Su mensaje esperaba tranquilizar a los republicanos, dando sensación de dominar la situación después de muchas horas de silencio oficial:
“Españoles: sin jactancia alguna, con toda sencillez, pero también con entera serenidad, el Gobierno de la República cumple con su deber y está en su puesto; porque lo está desde el primer momento de su constitución en la mañana de ayer, y atento a sus deberes más urgentes, no ha tenido tiempo hasta ahora ninguno de sus ministros de ponerse en contacto directo con la opinión, aunque ha procurado siempre tenerla al corriente de cuantos sucesos ocurren por medio de informaciones radiadas oportunamente y que han sido fiel reflejo de la verdad.
Ahora, cuando la situación ya mejora notablemente y estamos un poco aliviados de muchas preocupaciones, quiero que estas palabras mías sean para deciros a todos los españoles, que los enemigos de la República no pasarán. Frente a ellos está el Gobierno, asistido por la razón y la ley, con todas las fuerzas del Estado y con el apoyo firme del pueblo español.
Una criminal maniobra que ha prendido en una minoría de los militares y que España contempla con enorme estupor, indignación y asombro, asombro, indignación y estupor que aumentan al ver que no ha dudado siquiera en intentar, aunque sea con fracaso, la invasión del solar de la patria por soldados moros y mercenarios, nos ha traído en estas horas perturbación y dolor; pero no consiguieron ni conseguirán vencer la firmeza del Gobierno ni el entusiasmo republicano del pueblo español, ni tampoco detener la marcha de la República por los caminos de la justicia y el progreso.
Españoles: confiad en el Gobierno. El Gobierno también confía en el pueblo y agradece calurosamente el concurso eficaz de las fuerzas leales del Ejército, Marina y Aviación, Guardia Civil, Seguridad y Asalto, así como el de las entusiastas milicias populares, a todas las cuales felicita por su abnegado comportamiento” .
El golpe de Estado había fracasado, pero también el Gobierno para reducir a los sublevados. Esta situación de equilibrio, más la existencia de dos bandos armados, convirtió la sublevación en guerra. La Guerra de España, como era conocida en todo el mundo por la trascendencia que tenía en un momento convulso de las relaciones internacionales y de efervescencia ideológica.
BIBLIOGRAFÍA
ALÍA MIRANDA, Francisco, Julio de 1936. Conspiración y alzamiento contra la Segunda República, Barcelona, Crítica, 2011.