La violencia se desató en Guadalajara en los primeros instantes tras el sofocamiento del golpe: las milicias victoriosas ejecutaron a los oficiales que habían liderado a la sublevación una vez cayeron en sus manos. Fue el caso del comandante Rafael Ortiz de Zárate, ejecutado cerca de la posición que había estado defendiendo durante la jornada en el puente sobre el Henares.
Una vez ajustadas las cuentas con los militares rebeldes, los milicianos emprendieron la búsqueda de aquellos civiles a los que consideraban sus enemigos: conservadores, propietarios y religiosos. Tras detenerlos, eran conducidos a centros de detención mal llamados “checas”, donde se les interrogaba y sometía a torturas, para que después fueran juzgados por el Comité del centro. Los culpables eran conducidos a lugares de ejecución como las tapias de los cementerios o parajes situados en las afueras de las localidades, por ejemplo, el de Cuatrocaminos en la carretera hacia Chiloeches en el caso de la capital.
Aquellos que habían sido detenidos en la Prisión provincial se salvaron de este destino sólo temporalmente: algunos pasaron a formar parte de “sacas” como la que tuvo lugar en diciembre de 1936 y en la que perecieron 282 personas.
Aunque se pueda aportar el dato anterior, y como ocurre frecuentemente en el caso de la violencia revolucionaria, no se conoce con exactitud la cifra total de víctimas. Las autoridades trataron de parar las ejecuciones ilegales desde los primeros momentos sin éxito: el Gobernador Civil publicó dos bandos para atajarlas, uno a finales de julio y otro en la segunda quincena de agosto de 1936. La violencia fue disminuyendo conforme el Estado fue recuperando sus atribuciones y prácticamente desapareció en los primeros meses de 1937.
Autora: ACP
