La violencia revolucionaria fue especialmente intensa en los primeros seis meses tras el golpe de Estado, cuando las autoridades republicanas en la provincia carecían de capacidad para controlar la situación. Los comités de sindicatos y partidos políticos se habían hecho con el poder en las calles, mientras instituciones como el Ayuntamiento, la Diputación Provincial o la Audiencia Provincial paralizaban su actividad. Tampoco había fuerzas de seguridad ciudadana, puesto que la Guardia Civil y la Guardia de Asalto había sido enviada a Madrid. Las milicias locales fueron dueñas de las calles por la fuerza de las armas entre julio y diciembre de 1936, imponiendo el terror sobre los que consideraban sus enemigos.
Entre aquellos destacaban los religiosos, sobre los que se desató la persecución por su condición tradicionalmente conservadora y su acercamiento a las clases altas. La Iglesia fue despojada de sus propiedades, parte de su patrimonio fue destruido y las vidas de sacerdotes y religiosos fueron segadas: Montero calcula que en la zona republicana se asesinó a 13 obispos y 6.832 sacerdotes y religiosos.
En la provincia de Ciudad Real se produjeron cuatro grandes matanzas de religiosos: una de ellas fue la de los franciscanos y dominicos de Almagro. El día 23 de julio, el alcalde de Almagro ordenó a los religiosos evacuar sus conventos, permitiéndoles primero alojarse en casas particulares pero cambiando su decisión ante las protestas del Ateneo Libertario y ordenando su encierro en una casa deshabitada. A finales de mes, el alcalde les facilitó salvoconductos para que fueran a Ciudad Real, donde se les suponía a salvo: los cuatro primeros en tomar el ten hacia la capital fueron sin embargo detenidos y asesinados en la estación de Miguelturra. Otros 14 fueron asesinados dos semanas más tarde en las afueras de Almagro por milicianos del Ateneo que pretendían evitar su traslado a Madrid ordenado por el alcalde.
Autora: ACP
