La violencia revolucionaria fue especialmente intensa en los primeros seis meses tras el golpe de Estado, cuando las autoridades republicanas en la provincia carecían de capacidad para controlar la situación. Los comités de sindicatos y partidos políticos se habían hecho con el poder en las calles, mientras instituciones como el Ayuntamiento, la Diputación Provincial o la Audiencia Provincial paralizaban su actividad. Tampoco había fuerzas de seguridad ciudadana, puesto que la Guardia Civil y la Guardia de Asalto había sido enviada a Madrid. Las milicias locales fueron dueñas de las calles por la fuerza de las armas entre julio y diciembre de 1936, imponiendo el terror sobre los que consideraban sus enemigos.
Los registros y detenciones eran el pan de cada día de estos primeros meses de violencia. La gran mayoría de los presos se concentraron cárceles como la Prisión Provincial de Ciudad Real, pero muchos otros eran enviados a centros establecidos por las milicias, conocidos como “checas”. Las “checas” se establecieron por toda la provincia de Ciudad Real, generalmente en edificios religiosos como el convento de Las Mínimas de Daimiel, localización en la que se establecieron milicianos anarquistas de la CNT.
Los detenidos por las milicias eran conducidos, normalmente de madrugada, al convento de Las Mínimas, Allí eran interrogados y torturados, tras lo cual generalmente eran conducidos a lugares de ejecución en los que se les fusilaba. Algunos, como el juez municipal Tomás Briso de Motiano se salvó de este destino a pesar de haber pasado por el convento.
