La violencia revolucionaria fue especialmente intensa en los primeros seis meses tras el golpe de Estado, cuando las autoridades republicanas en la provincia carecían de capacidad para controlar la situación. Los comités de sindicatos y partidos políticos se habían hecho con el poder en las calles, mientras instituciones como el Ayuntamiento, la Diputación Provincial o la Audiencia Provincial paralizaban su actividad. Tampoco había fuerzas de seguridad ciudadana, puesto que la Guardia Civil y la Guardia de Asalto había sido enviada a Madrid. Las milicias locales fueron dueñas de las calles por la fuerza de las armas entre julio y diciembre de 1936, imponiendo el terror sobre los que consideraban sus enemigos.
Los registros y detenciones eran el pan de cada día de estos primeros meses de violencia. Parte de los detenidos eran enviados a centros establecidos por las milicias, conocidos como checas, mientras que otros eran encerrados en cárceles oficiales. La gran mayoría de los presos se concentraron en la Prisión Provincial de Ciudad Real.
Esta cárcel, construida en 1934 como parte de la política penitenciaria de la II República, fue testigo del fenómeno de las “sacas”. De madrugada y prácticamente a diario, se sacaba a cierto número de presos, sobre el papel para “practicar diligencias gubernativas”. Los presos, sin embargo, eran conducidos a lugares de ejecución donde se les fusilaba. 267 personas causaron baja en el registro de la prisión por este motivo entre agosto y noviembre de 1936: solo 3 de ellas fueron puestas en libertad.
Algunos de los presos sacados de la prisión habían sido juzgados por los Tribunales Populares y condenados a otras penas diferentes a la de muerte. Ni el jefe de la cárcel, Rafael Morales, ni el juez instructor de Ciudad Real, Luis María Moliner Lanaja, pudieron detener estos crímenes. En la prisión se había establecido un Comité de Cárcel formado por miembros de partidos y sindicatos que se hizo con el control de la misma y se encargaba de llevar a cabo las órdenes emitidas por el Comité de Defensa sobre el destino de los presos. El líder del Comité de Cárcel y, en última instancia, jefe en la práctica de la misma, era Antonio Ortiz Soto, de la CNT.
Las sacas comenzaron a atenuarse a raíz de la constitución del Gobierno de Francisco Largo Caballero en septiembre y la toma de posesión del nuevo gobernador civil de Ciudad Real, José Serrano Romero, en octubre; disminuyeron enormemente a partir de diciembre del 36 y prácticamente se eliminaron en los primeros meses de 1937, cuando se disolvieron los comités revolucionarios y las instituciones gubernativas recobraron el poder perdido.
Autora: ACP
