La violencia revolucionaria fue especialmente intensa en los primeros seis meses tras el golpe de Estado, cuando las autoridades republicanas en la provincia carecían de capacidad para controlar la situación. Los comités de sindicatos y partidos políticos se habían hecho con el poder en las calles, mientras instituciones como el Ayuntamiento, la Diputación Provincial o la Audiencia Provincial paralizaban su actividad. Tampoco había fuerzas de seguridad ciudadana, puesto que la Guardia Civil y la Guardia de Asalto había sido enviada a Madrid. Las milicias locales fueron dueñas de las calles por la fuerza de las armas entre julio y diciembre de 1936, imponiendo el terror sobre los que consideraban sus enemigos.
Los registros y detenciones eran el pan de cada día de estos primeros meses de violencia. La gran mayoría de los presos se concentraron cárceles como la Prisión Provincial de Ciudad Real, pero muchos otros eran enviados a centros establecidos por las milicias, conocidos como “checas”. Las “checas” se establecieron por toda la provincia de Ciudad Real: en el caso de Malagón se establecieron dos de estos centros de detención, uno en el local destinado a Posada de Sementales del Estado y otro en el Comité Local establecido en la calle de la Tercia.
Los detenidos por las milicias podían ser golpistas, pero también conservadores, religiosos o propietarios, que englobaban la lista de enemigos de los revolucionarios en armas. Conducidos a los centros de detención, eran interrogados, torturados y sometidos a juicios revolucionarios. Algunos eran liberados, pero otros no gozaban de esa suerte, y eran conducidos a la Prisión Provincial o ejecutados de madrugada por los propios milicianos.
Autora: ACP
