Categoría Padre: Dictadura Franquista

La depuración del magisterio en Cuenca durante el franquismo fue parte de un proceso llevado a cabo a nivel nacional que buscaba asegurar la lealtad política de los docentes a los principios del nuevo régimen. Las maestras y maestros fueron investigados exhaustivamente por su afiliación política y sindical, su conducta religiosa y moral, sus vínculos con el gobierno republicano y prácticas pedagógicas no tradicionales.

En 1940, había 540 maestras en Cuenca y su provincia, de las cuales 103, es decir, el 20%, fueron sancionadas, lo que representaba que una de cada cinco había sido suspendida de empleo y sueldo o inhabilitada para la docencia. Las maestras sancionadas eran listadas alfabéticamente, incluyendo detalles como el tipo de sanción impuesta, el cargo que ocupaban, la localidad y la fecha de publicación de la sanción, así como el número del Boletín Oficial Provincial (BOP) donde se registraba el castigo.

Por otro lado, también hemos de tener en cuenta los exilios de maestras de otras provincias a la de Cuenca, especialmente de Málaga, Vizcaya, León, Sevilla, Barcelona, Guipúzcoa y Palencia. Estas maestras vivieron un estado de silencio y miedo, fueron expulsadas de sus hogares y desarraigadas.

Autora: LMC

Para saber más… La depuración del magisterio en Castilla-La Mancha

La depuración del magisterio en la posguerra española fue un proceso clave en el marco de la represión franquista para consolidar su control sobre el sistema educativo y erradicar cualquier influencia de los principios izquierdistas y republicanos en la formación de las futuras generaciones. Este proceso, que implicaba la revisión minuciosa de la lealtad política, moral y religiosa de los maestros, se llevó a cabo en toda España.

En el caso de la provincia de Ciudad Real, la Comisión Depuradora D inició su labor en 1939, pues esta zona había pertenecido a la zona republicana hasta el final de la contienda. Este primer año, la comisión tramitó 122 expedientes, aunque alcanzó su mayor actividad en 1940, cuando 650 maestros/as fueron sometidos a este proceso por el que debían pasar obligatoriamente todos los maestros del país. A partir de esa fecha, el número de expedientes comenzó a descender, con 61 sanciones en 1941 y 10 en 1942, aunque la supervisión y sanción del magisterio continuó hasta la década de 1950. Este proceso abarcó tanto a los maestros del Plan Profesional de 1931, como a los cursillistas de 1933 y 1935. En total, hasta 1950, entre 686 y 722 maestros/as, según la fuente consultada. El Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real (B.O.P.C.R.) cita 391 hombres y 331 mujeres, de los cuales 57 eran de la capital (30 mujeres y 27 hombres). En cambio, el Archivo General de la Administración (A.G.A.) señala cifras de 364 hombres y 322 mujeres, con 171 docentes de la capital (103 hombres y 68 mujeres) y 515 del resto de la provincia (259 hombres y 256 mujeres).

En cuanto a los componentes de la comisión depuradora, en Ciudad Real fueron miembros: como presidente Juan de Álamo Santamaría, director del Instituto Nacional de Enseñanza Media; como secretario Juan de la Cruz Espadas y Bermúdez, miembro de la Comisión Gestora Municipal de Ciudad Real y de la Comunión Tradicionalista; como vocal, el presidente de la Asociación de Padres de Familia; y como personas de “máximo arraigo y solvencia moral y técnica”, Ramón Serrano y Francisco Morales.

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En Albacete, el proceso de depuración afectó a 697 maestros/as distribuidos en los pueblos de la provincia. Aunque existe poca información publicada sobre el desarrollo de la depuración en cada una de estas localidades, en el caso de Tobarra contamos con el trabajo de Francisco José Peña Rodríguez. Según sus investigaciones, 30 maestros fueron sometidos a la depuración y la mitad recibió sanciones desfavorables, enfrentando medidas punitivas como el traslado forzoso o la suspensión de empleo y sueldo. El último expediente, en este municipio, se publicó el 13 de diciembre de 1943.

Un ejemplo representativo de este proceso es el caso de D. Leonardo Ruiz Morán, maestro en la Escuela Graduada de Niños “Lorenzo Luzuriaga” de Caudete, a quien se le prohibió ocupar cargos directivos y de responsabilidad. Nunca pudo ejercer en Tobarra. Uno de sus compañeros caudetanos presentó voluntariamente un informe a la comisión en el que se refería a D. Leonardo como un “descarado izquierdista y enemigo del Glorioso Movimiento Nacionalista”, alegando además que “recibía con satisfacción leyes sectarias y de coeducación, vigilando a los que dudaban en ponerlas en práctica”, y sugiriendo una posible vinculación con la masonería.

Si bien no se debe extraer conclusiones generales a partir de un solo caso, los testimonios y las sanciones muestras el trato severo que muchos maestros recibieron, no solo desde la administración, sino también por parte de algunos de sus compañeros (en la mayoría de los casos las denuncias procedían de este sector). Este tipo de represalias truncó la vida profesional de muchos docentes, dejando huellas profundas en su trayectoria vital.

Autora: LMC

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La depuración franquista del magisterio durante y después de la guerra civil formó parte de la política educativa impulsada por el régimen y estuvo dirigida a erradicar cualquier influencia izquierdista y republicana en las nuevas generaciones, así como a garantizar que el sistema educativo respondiera a los valores del nacional-catolicismo. Esta represión afectó profundamente a los docentes, pues fueron sometidos a procesos administrativos de investigación y sanción por su ideología, afiliación política y conducta moral mientras vivían sumidos en la incertidumbre económica.

En el caso de Albacete, la depuración afectó a 697 maestros que ejercían en los pueblos de la provincia. En base a una muestra de 34 expedientes, las principales acusaciones que aparecen son las siguientes: en el amplio campo de “ideología de izquierdas” el 65% de los casos; rechazo a la causa nacional 60%; militancia en organizaciones republicanas 47%; prácticas religiosas, ateísmo o laicismo en las aulas 43%; y enseñanza con métodos o planteamientos pedagógicos “inaceptables” el 21%. Y entre las sanciones impuestas, los porcentajes se reparten de la siguiente forma: separación absoluta del servicio el 7%, inhabilitación temporal el 8%, traslado forzoso el 13%, inhabilitación para cargos directivos el 4% y otras sanciones 0,6%.

Si aplicamos una variante de análisis basada en el género, las sanciones fueron aplicadas a más maestros (39%) que a maestras (15%). Este dato es relevante si tenemos en cuenta que el proceso afectó a una proporción similar de maestros y maestras, con aproximadamente 350 docentes depurados por género.

En términos generales, el análisis de la depuración en esta provincia revela una homogeneidad en la severidad de las sanciones, donde en todos los partidos judiciales el porcentaje de los sancionados superó el 27%.

Autora: LMC

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La purga del magisterio, iniciada por el franquismo para consolidar una estructura educativa controlada por el régimen, impuso evaluaciones diferenciadas por género, siendo las mujeres generalmente menos sancionadas que los hombres. En términos cualitativos, los datos para Castilla-La Mancha, así como para el resto del país, muestran que las acusaciones en los expedientes incluían cargos de afiliación política, sindical y conductas morales y profesionales que cuestionaban el cumplimiento de los valores franquistas.

Sin embargo, en cuanto a la proporción de los cargos por cuestión de género, es posible detectar algunas cuestiones interesantes. Los cargos políticos fueron frecuentes en todos los casos, pero su distribución fue más elevada en maestros que en maestras. Aun así, algunos cargos, como la propaganda izquierdista, afectaban en mayor porcentaje a las maestras en determinadas provincias. Los sindicatos, especialmente aquellos afiliados a UGT y CNT, también fueron una fuente recurrente de cargos, si bien las maestras estaban menos involucradas debido a su imitada participación en esferas de liderazgo sindical.

También en el tipo de sanciones, que iban desde la suspensión temporal hasta el traslado forzoso y la inhabilitación, encontramos diferencias por género. La severidad variaba: aunque las maestras fueron menos castigadas, las sanciones evidencian el control social que el régimen pretendía hacer sobre ellas, puesto que se juzgó más en ellas las actitudes morales y religiosas y se las conservó en el sistema educativo. El contexto rural y la rigidez de los roles de género influyeron en el grado de represión, mostrando una proyección de la mujer como educadora sumisa, orientada hacia la obediencia y la moral cristiana.

Además, también es posible diferenciar dos grupos de provincias en el caso de Castilla-La Mancha: Albacete, Ciudad Real y Cuenca, que hicieron más hincapié en comportamientos y acciones de los maestros a favor con el gobierno republicano, mientras que en el caso de las maestras se centraron más en la ideología y las actitudes políticas, concentrando los cargos en el ámbito ideológico más que práctico; y Toledo y Guadalajara, donde el comportamiento ideológico fue indistintamente valorado según el género.

Autora: LMC

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Durante la dictadura franquista, la maternidad se consideró un pilar esencial de la identidad femenina y fue promovida a través de políticas pronatalistas que buscaban aumentar la población como base del crecimiento económico y expansión del imperio. Esta visión se acompañó de un conjunto de leyes que abolieron el divorcio, prohibieron el aborto y castigaron el abandono de menores. La criminalización del aborto conllevó el castigo tanto de quienes lo practicaban como de los padres que ayudaban a sus hijas a abortar para evitar la deshonra. Así, las mujeres que se opusieron a la maternidad recurrieron un periplo dramático, porque se enfrentaban a la hostilidad y al rechazo social, al enjuiciamiento permanente de su decencia y moralidad.

Por este motivo, la clandestinidad fue la que marcó el proceso de aborto. Las mujeres recurrían a redes de apoyo donde amigas, vecinas y conocidas transmitían remedios caseros, aunque peligrosos, como el uso de plantas y sondas. Estas prácticas, arriesgadas y muchas veces letales, demostraban la falta de acceso a medios seguros. En algunos lugares como Cuenca, las sentencias judiciales revelan la existencia de este tipo de redes clandestinas dedicadas al aborto. A través de solo seis sentencias se da cuenta de unos 30 casos de abortos juzgados o reconocidos por quienes los practicaban.

La necesidad imperiosa de para evitar la deshonra y mantener una identidad válida en el conjunto social, acompañada en muchos casos por la imposibilidad de unas madres para hacerse cargo de sus hijos, se deja ver en otro tipo de conductas, como el infanticidio o el abandono. El infanticidio era una de las vías más trágicas. Las sentencias revelaban el sufrimiento emocional de las madres que, en soledad, ocultaban sus embarazos, daban a luz y terminaban con la vida de sus hijos. En estas sentencias judiciales, además, se describe a estas mujeres como afectadas por una “disminución mental”. El abandono de niños también fue duramente castigado. Las madres solteras o viudas eran responsabilizadas por completo del cuidado de sus hijos, mientras que el Estado solo intervenía para castigar. El rigor para castigar el abandono contrasta con la política del régimen respecto a los hijos de las mujeres presas políticas, cuyas vidas hacían desaparecer convirtiéndolos en “niños perdidos”.

Autora: HVRB

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El régimen franquista promulgó leyes con la supuesta intención de proteger a las mujeres frente al abandono y la violencia, pero estas normativas, en realidad, formaban parte del discurso de género que situaba al hombre en el centro del universo. Las sentencias judiciales de las cinco provincias que hoy conforman Castilla-La Mancha reflejan el componente de poder implícito en las relaciones de género durante la dictadura franquista. Así, las reclamaciones judiciales de mujeres por abandono a menudo resultaban en absoluciones para sus maridos, pues la atención se centraba en la conducta de las mujeres como causa de estos abandonos. Este enfoque reflejaba una visión patriarcal donde la felicidad familiar recaía en la disposición y la sumisión de la mujer. Para que esto no ocurriera, las mujeres debían demostrar la situación de miseria, necesidad y desamparo que enfrentaban, tal y como evidencian frases como “implorar la caridad pública”. A menudo, estos supuestos estaban acompañados de malos tratos e incluso contagio de enfermedades de transmisión sexual. En este sentido, la apelación a la dudosa conducta de la mujer era un salvoconducto a la absolución del marido que abandonaba, pero también del marido que agredía a su esposa.

Asimismo, la sacralización de la honra femenina basada en el mantenimiento de su virginidad hasta el matrimonio fomentó que las habladurías y chismorreos, propalados en las pequeñas comunidades rurales, causaran daños irreparables a algunas jóvenes y sus familias,  pues la maledicencia se había convertido en otro instrumento del control moral sobre la sociedad.

La violencia de género, por tanto, también encontró su justificación en este imaginario de la honra. Los episodios violentos se muestran en las sentencias judiciales acompañados de palabras injuriosas, descalificaciones, celos, de censuras por no cumplir con los deberes de la buena esposa, desatándose el ritual de empujones, arañazos, patadas, borracheras y golpes hasta que la violencia quedaba incorporada como un componente más de la relación matrimonial que, a veces, solo encontró su fin en la muerte de la mujer.

Autora: HVRB

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Las investigaciones sobre la dictadura han revelado conductas de resistencia individual, muchas de las cuales se registran en fuentes judiciales locales. Estas actitudes incluyen insultos a agentes de la autoridad, canciones de carnaval y rumores, que se convirtieron en formas de expresar el rechazo y desafío al régimen. Dichas manifestaciones han sido interpretadas como “armas del débil” y han permitido cuestionar la idea extendida sobre el conformismo y la pasividad de la población en aquellos años. En este sentido, aunque el régimen promovió un modelo femenino de obediencia, muchas mujeres rompieron con esos estereotipos al manifestarse contra la represión. Aunque su número es testimonial, hubo mujeres que se opusieron a guardas, policías o inspectores investidos de autoridad, a través de palabras injuriosas o insultantes pronunciadas con un propósito de menosprecio hacia aquel que portaba “la bandolera e insignias propias de su cargo”.

Por otro lado, la carga traumática que comportó la guerra se incrementó con el dolor, el hambre, la enfermedad, la cárcel, pero sobre todo con el silencio. La sociedad de posguerra era una sociedad herida y dividida por la misma línea que separó a unos de otros en la guerra civil. En esa sociedad se vieron obligados a convivir vencedores y vencidos. Los relatos judiciales documentan enfrentamientos cotidianos, muchos de ellos provocados por “antiguos resentimientos”.

Así por ejemplo, en la mañana del nueve de junio de 1940, el Delegado Local de Sindicatos de Masegoso (Albacete) de acuerdo con otro hombre, llamaron a una vecina del pueblo para que compareciera en el local de Falange. Una vez allí, “la maltrataron de palabra y obra”. Días después el Jefe Local de Falange “que se hallaba disgustado con la mujer, pretextando que ésta ofendía al régimen, entró en su casa y la golpeó con una silla produciéndole lesiones.” La sentencia tan solo condenó a los tres hombres intervinientes a dos meses y un día de arresto mayor, lo que evidenció la brutalidad e impunidad del régimen franquista.

Autora: HVRB

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Concluida la guerra se dictaron las primeras disposiciones para establecer el sistema de racionamiento que propició el mercado negro. Había pocos víveres y su precio era desmesurado. El hambre, como medio coercitivo y de dominio, fue parte del sistema autárquico implantado y sirvió para redoblar el sometimiento del conjunto social.

En este contexto, las mujeres, especialmente las más jóvenes y las viudas, muchas de ellas con maridos fallecidos en la guerra o víctimas de la represión, fueron empujadas a transgredir las leyes. Así, a pesar de que el régimen franquista las relegó al ámbito doméstico, la necesidad las llevó a asumir un rol activo que desafiaba el modelo impuesto. Estas mujeres se vieron obligadas a liderar estrategias de supervivencia que implicaban, entre otras cosas, cometer delitos. El análisis de 2.180 expedientes judiciales de las cinco provincias que hoy integran Castilla-La Mancha revela que el 43% de los casos correspondía a delitos de robo y hurto, siendo cometidos en un 91,97% por mujeres sin antecedentes penales. Esto indica que la desesperación provocada por la necesidad fue la principal causa de estas acciones ilícitas.

El núcleo familiar, al que el franquismo otorgó un papel central en el entramado orgánico del Estado, sirvió para urdir las estrategias comunes de supervivencia que nada tenían que ver con el idílico papel que el ideario nacional-católico les atribuía para la construcción de la nueva patria. En el grupo de los agentes vinculados entre sí por lazos de parentesco hemos de hacer una mención propia a los que responden a la afinidad de madre e hijo, dado lo numeroso de estos casos. Pero también vecinos y amigos colaboraron en este marco de ayuda mutua y formaron parte de las redes enlazadas por la necesidad para vencer la adversidad del hambre.

Así, de una inesperada manera, la necesidad se constituyó en un elemento de cohesión social y familiar al permitir la creación de grupos que respondieron al unísono frente a la necesidad.

Autora: HVRB

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