La violencia revolucionaria fue especialmente intensa en los primeros seis meses tras el golpe de Estado, cuando las autoridades republicanas en la provincia carecían de capacidad para controlar la situación. Los comités de sindicatos y partidos políticos se habían hecho con el poder en las calles, mientras instituciones como el Ayuntamiento, la Diputación Provincial o la Audiencia Provincial paralizaban su actividad. Tampoco había fuerzas de seguridad ciudadana, puesto que la Guardia Civil y la Guardia de Asalto había sido enviada a Madrid. Las milicias locales fueron dueñas de las calles por la fuerza de las armas entre julio y diciembre de 1936, imponiendo el terror sobre los que consideraban sus enemigos.
Entre aquellos destacaban los religiosos, sobre los que se desató la persecución por su condición tradicionalmente conservadora y su acercamiento a las clases altas. La Iglesia fue despojada de sus propiedades, parte de su patrimonio fue destruido y las vidas de sacerdotes y religiosos fueron segadas: Montero calcula que en la zona republicana se asesinó a 13 obispos y 6.832 sacerdotes y religiosos.
En la provincia de Ciudad Real se produjeron cuatro grandes matanzas de religiosos: una de ellas fue la de los franciscanos de Alcázar de San Juan. La noche del 20 de julio, los milicianos rodearon el convento de los padres franciscanos en esta localidad, donde había 8 religiosos. Dos días después, un grupo armado acudió a llevarse a los monjes, según afirmaban, con autorización oficial. Los religiosos fueron atados y conducidos al Ayuntamiento, donde se les unieron otros monjes, tras lo cual fueron llevados a la antigua ermita de San Juan, conocida como “El Refugio.” Tras cinco días de encierro, los 13 religiosos detenidos fueron conducidos a un lugar denominado “Los Sitios”, donde se les fusiló. Uno de ellos, Isidoro Álvarez Hernández, salvó la vida y huyó, y aunque fue detenido poco después, ya no volvió a intentar ser asesinado.
La violencia revolucionaria fue especialmente intensa en los primeros seis meses tras el golpe de Estado, cuando las autoridades republicanas en la provincia carecían de capacidad para controlar la situación. Los comités de sindicatos y partidos políticos se habían hecho con el poder en las calles, mientras instituciones como el Ayuntamiento, la Diputación Provincial o la Audiencia Provincial paralizaban su actividad. Tampoco había fuerzas de seguridad ciudadana, puesto que la Guardia Civil y la Guardia de Asalto había sido enviada a Madrid. Las milicias locales fueron dueñas de las calles por la fuerza de las armas entre julio y diciembre de 1936, imponiendo el terror sobre los que consideraban sus enemigos.
Entre aquellos destacaban los religiosos, sobre los que se desató la persecución por su condición tradicionalmente conservadora y su acercamiento a las clases altas. La Iglesia fue despojada de sus propiedades, parte de su patrimonio fue destruido y las vidas de sacerdotes y religiosos fueron segadas: Montero calcula que en la zona republicana se asesinó a 13 obispos y 6.832 sacerdotes y religiosos.
En la provincia de Ciudad Real se produjeron cuatro grandes matanzas de religiosos: una de ellas fue la de los franciscanos de Alcázar de San Juan. La noche del 20 de julio, los milicianos rodearon el convento de los padres franciscanos en esta localidad, donde había 8 religiosos. Dos días después, un grupo armado acudió a llevarse a los monjes, según afirmaban, con autorización oficial. Los religiosos fueron atados y conducidos al Ayuntamiento, donde se les unieron otros monjes, tras lo cual fueron llevados a la antigua ermita de San Juan, conocida como “El Refugio.” Tras cinco días de encierro, los 13 religiosos detenidos fueron conducidos a un lugar denominado “Los Sitios”, donde se les fusiló. Uno de ellos, Isidoro Álvarez Hernández, salvó la vida y huyó, y aunque fue detenido poco después, ya no volvió a intentar ser asesinado.
Autora: ACP
