Categoría Padre: Lugar de Memoria

La depuración del magisterio en Cuenca durante el franquismo fue parte de un proceso llevado a cabo a nivel nacional que buscaba asegurar la lealtad política de los docentes a los principios del nuevo régimen. Las maestras y maestros fueron investigados exhaustivamente por su afiliación política y sindical, su conducta religiosa y moral, sus vínculos con el gobierno republicano y prácticas pedagógicas no tradicionales.

En 1940, había 540 maestras en Cuenca y su provincia, de las cuales 103, es decir, el 20%, fueron sancionadas, lo que representaba que una de cada cinco había sido suspendida de empleo y sueldo o inhabilitada para la docencia. Las maestras sancionadas eran listadas alfabéticamente, incluyendo detalles como el tipo de sanción impuesta, el cargo que ocupaban, la localidad y la fecha de publicación de la sanción, así como el número del Boletín Oficial Provincial (BOP) donde se registraba el castigo.

Por otro lado, también hemos de tener en cuenta los exilios de maestras de otras provincias a la de Cuenca, especialmente de Málaga, Vizcaya, León, Sevilla, Barcelona, Guipúzcoa y Palencia. Estas maestras vivieron un estado de silencio y miedo, fueron expulsadas de sus hogares y desarraigadas.

Autora: LMC

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La depuración del magisterio en la posguerra española fue un proceso clave en el marco de la represión franquista para consolidar su control sobre el sistema educativo y erradicar cualquier influencia de los principios izquierdistas y republicanos en la formación de las futuras generaciones. Este proceso, que implicaba la revisión minuciosa de la lealtad política, moral y religiosa de los maestros, se llevó a cabo en toda España.

En el caso de la provincia de Ciudad Real, la Comisión Depuradora D inició su labor en 1939, pues esta zona había pertenecido a la zona republicana hasta el final de la contienda. Este primer año, la comisión tramitó 122 expedientes, aunque alcanzó su mayor actividad en 1940, cuando 650 maestros/as fueron sometidos a este proceso por el que debían pasar obligatoriamente todos los maestros del país. A partir de esa fecha, el número de expedientes comenzó a descender, con 61 sanciones en 1941 y 10 en 1942, aunque la supervisión y sanción del magisterio continuó hasta la década de 1950. Este proceso abarcó tanto a los maestros del Plan Profesional de 1931, como a los cursillistas de 1933 y 1935. En total, hasta 1950, entre 686 y 722 maestros/as, según la fuente consultada. El Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real (B.O.P.C.R.) cita 391 hombres y 331 mujeres, de los cuales 57 eran de la capital (30 mujeres y 27 hombres). En cambio, el Archivo General de la Administración (A.G.A.) señala cifras de 364 hombres y 322 mujeres, con 171 docentes de la capital (103 hombres y 68 mujeres) y 515 del resto de la provincia (259 hombres y 256 mujeres).

En cuanto a los componentes de la comisión depuradora, en Ciudad Real fueron miembros: como presidente Juan de Álamo Santamaría, director del Instituto Nacional de Enseñanza Media; como secretario Juan de la Cruz Espadas y Bermúdez, miembro de la Comisión Gestora Municipal de Ciudad Real y de la Comunión Tradicionalista; como vocal, el presidente de la Asociación de Padres de Familia; y como personas de “máximo arraigo y solvencia moral y técnica”, Ramón Serrano y Francisco Morales.

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En Albacete, el proceso de depuración afectó a 697 maestros/as distribuidos en los pueblos de la provincia. Aunque existe poca información publicada sobre el desarrollo de la depuración en cada una de estas localidades, en el caso de Tobarra contamos con el trabajo de Francisco José Peña Rodríguez. Según sus investigaciones, 30 maestros fueron sometidos a la depuración y la mitad recibió sanciones desfavorables, enfrentando medidas punitivas como el traslado forzoso o la suspensión de empleo y sueldo. El último expediente, en este municipio, se publicó el 13 de diciembre de 1943.

Un ejemplo representativo de este proceso es el caso de D. Leonardo Ruiz Morán, maestro en la Escuela Graduada de Niños “Lorenzo Luzuriaga” de Caudete, a quien se le prohibió ocupar cargos directivos y de responsabilidad. Nunca pudo ejercer en Tobarra. Uno de sus compañeros caudetanos presentó voluntariamente un informe a la comisión en el que se refería a D. Leonardo como un “descarado izquierdista y enemigo del Glorioso Movimiento Nacionalista”, alegando además que “recibía con satisfacción leyes sectarias y de coeducación, vigilando a los que dudaban en ponerlas en práctica”, y sugiriendo una posible vinculación con la masonería.

Si bien no se debe extraer conclusiones generales a partir de un solo caso, los testimonios y las sanciones muestras el trato severo que muchos maestros recibieron, no solo desde la administración, sino también por parte de algunos de sus compañeros (en la mayoría de los casos las denuncias procedían de este sector). Este tipo de represalias truncó la vida profesional de muchos docentes, dejando huellas profundas en su trayectoria vital.

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La depuración franquista del magisterio durante y después de la guerra civil formó parte de la política educativa impulsada por el régimen y estuvo dirigida a erradicar cualquier influencia izquierdista y republicana en las nuevas generaciones, así como a garantizar que el sistema educativo respondiera a los valores del nacional-catolicismo. Esta represión afectó profundamente a los docentes, pues fueron sometidos a procesos administrativos de investigación y sanción por su ideología, afiliación política y conducta moral mientras vivían sumidos en la incertidumbre económica.

En el caso de Albacete, la depuración afectó a 697 maestros que ejercían en los pueblos de la provincia. En base a una muestra de 34 expedientes, las principales acusaciones que aparecen son las siguientes: en el amplio campo de “ideología de izquierdas” el 65% de los casos; rechazo a la causa nacional 60%; militancia en organizaciones republicanas 47%; prácticas religiosas, ateísmo o laicismo en las aulas 43%; y enseñanza con métodos o planteamientos pedagógicos “inaceptables” el 21%. Y entre las sanciones impuestas, los porcentajes se reparten de la siguiente forma: separación absoluta del servicio el 7%, inhabilitación temporal el 8%, traslado forzoso el 13%, inhabilitación para cargos directivos el 4% y otras sanciones 0,6%.

Si aplicamos una variante de análisis basada en el género, las sanciones fueron aplicadas a más maestros (39%) que a maestras (15%). Este dato es relevante si tenemos en cuenta que el proceso afectó a una proporción similar de maestros y maestras, con aproximadamente 350 docentes depurados por género.

En términos generales, el análisis de la depuración en esta provincia revela una homogeneidad en la severidad de las sanciones, donde en todos los partidos judiciales el porcentaje de los sancionados superó el 27%.

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El 30 de marzo de 1939, la zona sur de Guadalajara fue “liberada” por las fuerzas franquistas. Pocos días después, el 3 de abril, José Sentís Simón fue designado Gobernador Civil de Guadalajara y publicó en el boletín provincial la Ley del 10 de febrero de 1939, que regulaba la depuración de los funcionarios y establecía que el Ministerio de Educación Nacional se encargaría de la depuración de los docentes.

La depuración del magisterio comenzó antes en la llamada zona liberada de Guadalajara, con una Comisión Depuradora con sede en Sigüenza. La comisión solicitaba informes a autoridades locales (civiles y eclesiásticas) y, en septiembre de 1939, se constituyó una nueva comisión en Guadalajara, liderada por Adolfo G. Cordobés y Hernández, profesor de francés de la Escuela Normal y conocido por su ideología ultraconservadora. El cargo de secretario lo compartieron Higinio Busons y David Pérez, ambos con un alto prestigio moral y técnico según los estándares del régimen.

El análisis de 812 expedientes (incluyendo 56 de estudiantes de la Escuela Normal) arroja los siguientes resultados: 577 maestros/as y 45 alumnos/as fueron rehabilitados en sus cargos o confirmados para la docencia y 180 maestros/as y 11 alumnos/as sancionados, de los cuales el 40% fue cesado definitivamente. La mayoría de los sancionados enfrentaba cargos de tipo político, a menudo acompañados de acusaciones sociales y personales, mientras que solo cuatro casos se relacionaban exclusivamente con motivos religiosos.

La proporción de sanciones varió según los distritos judiciales. En el distrito de Sigüenza, el número de sancionados alcanzó el 29% del magisterio, mientras que en Guadalajara fue del 15%. Las diferencias responden a factores como la ruralidad, la ideología conservadora dominante y el arraigo del poder religioso, que ejercía una fuerte influencia en zonas como Sigüenza (que además fue zona de ocupación sublevada y registró un 22% de docentes sancionados) y Cifuentes (área que cambió de manos y registró un porcentaje del 34% de sancionados).

Autora: LMC

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