Los primeros meses de guerra fueron de euforia en toda la provincia. En la mayor parte de sus pueblos se hacían colectas de víveres que mandaban a las milicias que luchaban en el frente y a Madrid, mientras en otros comenzaban a escasear algunos de esos productos que salían sin ningún control. Pronto tuvo que intervenir el gobernador civil. El 28 de agosto dirigió el siguiente telegrama a todos los alcaldes: “Con objeto de contener y reglamentar la salida de víveres de esta provincia, que en forma caótica se está verificando sin control de ninguna clase, se prohíbe terminantemente que salga ninguna expedición, bajo ningún concepto, sin que esté debidamente autorizada por este Gobierno, o solicitada oficialmente por el Servicio de Intendencia para abastecimiento de las tropas leales”[1].

El azúcar fue uno de los primeros productos de primera necesidad en escasear. A finales de agosto llegaron unos ocho mil kilos procedentes del pueblo de Benalua de Guadix, primer envío de los veinte mil que se habían contratado[2]. Repartidos por toda la provincia, la capital siguió necesitando más, por lo que el Gobierno la concedió un envío especial de unos quince mil kilos[3].

Un mes después era la leche el artículo que comenzaba a faltar en la capital, por lo que el Consejo Municipal (Ayuntamiento) acordó suprimir su abastecimiento a los casinos, bares y cafés, y a todos los círculos de recreo. La escasez de tan básico alimento afectó pronto también a otras poblaciones. De continuar la guerra bastante tiempo, como todo hacía indicar, el abastecimiento de algunas poblaciones, y especialmente de la capital, se iba a convertir en un asunto crucial, dado que tan sólo habían pasado un par de meses y ya escaseaban algunos artículos. Mientras, en muchos pueblos cercanos sobraban y se enviaban a otras provincias. Para tratar de evitar esta descompensación y planificar adecuadamente la política de abastos nació, por decreto de 3 de octubre de 1936, la Comisión Provincial de Abastecimientos, que, presidida por el gobernador civil[4], tenía como principal objetivo realizar una tenaz política de intercambios entre los pueblos y ciudades de la provincia para dotar a todos de los suministros necesarios, impidiendo todo tipo de intercambio que no fuera autorizado por ella.

Durante 1937 la escasez fue aumentando, sobre todo de pan y carne. No sólo faltaban artículos alimenticios y de primera necesidad, sino de todo tipo, con la importancia que algunos tenían, como el jabón o el cemento. Sobre la escasez de éste, en la capital, como en otros muchos lugares, su carencia impidió no sólo realizar las obras proyectadas, sino también la construcción de algo tan importante en esos años como eran los refugios. A las dos de la mañana ya era numeroso el público que hacía cola en los principales establecimientos, en las que no era difícil incluso que las mujeres llegaran a las manos.

Los establecimientos comerciales de Ciudad Real jugaron un papel fundamental durante la guerra, considerados lugares estratégicos ante el continuo crecimiento del hambre y de la miseria de sus ciudadanos. Lo poco que había se tenía que intentar repartir equitativamente, por lo que las organizaciones obreras se lanzaron pronto a su control. El lugar más emblemático de este período fue el Mercado viejo o Mercado Nuestra Señora del Prado, situado en pleno centro de la ciudad. Se había inaugurado el 6 de agosto de 1911, siendo alcalde don Ceferino Sauco Díez. Se trataba del primer mercado estable de la ciudad, que venía a sustituir al que semanalmente se celebraba en la plaza del Ayuntamiento. El mercado “se configuraba como un rectángulo flanqueado por puestos en ambos laterales y en el centro. Tenía tres puertas, una por la actual esquina de Bernardo Mulleras con el ayuntamiento, otra en donde está la escalinata de la Subdelegación del Gobierno, y otra donde está la cochera de la propia Subdelegación (calle Alfonso X el Sabio)”[5]. Sobre el solar del viejo mercado se construyó el edificio del Gobierno Civil, actual Subdelegación del Gobierno, que fue inaugurado en 1957.

El actual Mercado en la calle Postas se construyó en la posguerra (proyectado en 1940 por el arquitecto municipal José Arias Barba), sobre un antiguo solar del marqués de Casa Treviño que se había incautado durante el conflicto, conocido como “Huerto del marqués”. Durante la guerra, el Ayuntamiento de la capital recibió cuantiosos fondos de las clases acomodadas de la ciudad. En la sesión ordinaria de 21 de enero de 1937 se aprobó un presupuesto extraordinario a base de las dos millones cincuenta mil pesetas recaudadas entre los vecinos que se destinaba a obras de urgente necesidad para la población, como construcción de un nuevo mercado, distribución de agua y alcantarillado y pavimentación de calles y plazas, principalmente[6]. A pesar de tener en su poder la Corporación Municipal el total del dinero, la situación bélica por la que atravesaba el país, cada vez más dura, hizo que se olvidase la acometida de esa serie de mejoras en la ciudad. No era el momento más oportuno. Lo único que llegó a realizarse fue la preparación del terreno donde habría de ubicarse el nuevo Mercado. El marqués de Casa Treviño, asesinado en diciembre de 1936, donó en el mes de septiembre de ese año el solar situado entre las calles de los Reyes, Capitán García Hernández y Juan II. En la sesión del 26 de dicho mes el alcalde explicaba cómo se había llevado a efecto la donación, “diciendo que con el beneplácito del Sub-Comité de Gobernación y en unión de varios señores Concejales se personaron en casa del Sr. Treviño para proceder a la incautación de dicho huerto‑solar, y ante las indicaciones que se le hicieron, voluntaria y espontáneamente dijo que lo cedería por escritura pública ante Notario”[7]. En esos primeros meses de terror, el marqués sabía que lo que se jugaba era mucho más que un céntrico solar.

La obligación de entregar cierta cantidad de dinero fue algo común durante la guerra, aunque siempre se hicieron las entregas guardando las formas legales. Así lo aclaraba el director del Banco Central en informe de 1939: “En cuanto a los depósitos de efectivos, en el mismo período, se han realizado extracciones cuyo importe era destinado a cubrir las cuotas que por el Presidente de la Diputación, Junta o Comité de Defensa, Organizaciones de Batallones, etc. eran señaladas a los titulares de las cuentas corrientes o de ahorro, etc. para atenciones de sanidad y otras –decían–, pero estas extracciones han sido realizadas en todo momento mediante el documento que el Banco tiene señalado al efecto y cuyos documentos han sido siempre firmados por los legítimos propietarios de la cuenta”[8].

A la escasez de víveres se añadían otros tres problemas más. El primero era el acaparamiento de los existentes. Quiso evitarse con la creación de la Cartilla de Abastecimiento o Racionamiento, que venía funcionando en otras ciudades de la zona republicana (en Barcelona desde octubre de 1936 y en Madrid desde diciembre). Con ella, las autoridades locales pretendían repartir equitativamente todos los artículos, eliminando de paso el triste espectáculo de las colas. Las tarjetas comprendían la filiación del cabeza de familia y el número de familiares y refugiados a su cargo, y sólo se repartían una vez. Mensualmente se distribuían unas hojas adicionales para abastecimiento, en las que figuraban todos los artículos de primera necesidad. Los cupones que indicaban el día del mes en que se hacían las compras se inutilizaban por el dueño del establecimiento respectivo. En cada establecimiento se fijaba, con arreglo a las existencias diarias, el racionamiento que por cada persona correspondía.

En la capital de la provincia de Ciudad Real se aprobó su creación en la sesión del 18 de febrero de 1937. El viernes 12 de marzo, una vez repartidas las cartillas a toda la población, empezaron a regir las mismas, siendo obligatoria su presentación en la compra de cualquier artículo. A un mes de su funcionamiento, el resultado no era el que las autoridades esperaban. Ello lo demuestra la siguiente nota que el día 15 de abril hacía pública el alcalde: “Reiteradamente ha pedido la Alcaldía a los ciudadanos su colaboración, al objeto de no producir más perturbaciones de las naturales al momento que vivimos. Se estableció la cartilla de Abastecimientos para la distribución de los productos equitativamente y evitar el espectáculo de las colas, y ha habido personas que, con diversos procedimientos, han obtenido varias o han aumentado el número de familiares. Se ha pedido insistentemente no se formen las colas con seis u ocho horas de antelación a la apertura de los establecimientos, y ningún resultado se ha obtenido, por la incomprensión de algunos ciudadanos, que, guiados por su egoísmo o quizás por su desafección al Régimen, no tienen interés en ayudar a los que tendemos a normalizar la vida. Por estas razones he decidido sustituir la palabra suplico por ordeno”. La máxima autoridad municipal prohibía la formación de colas antes de las horas de despacho. “Los contraventores de esta orden, serán sancionados y perderán el abastecimiento del día que cometan la falta”[9].

A pesar de la orden, las colas siguieron formándose durante toda la guerra. En cuanto a las Cartillas de Abastecimiento, se tomaron diversas medidas con el fin de mejorar su funcionamiento. Desde mayo comenzó a exigirse la presentación de la cédula personal del cabeza de familia para recibir la cartilla, y, a los que alegaban tener evacuados que comieran a su costa, se les exigió presentar certificado del Comité Local de Refugiados, en el que se hiciera constar tal circunstancia.

A finales de ese mes la situación no había mejorado mucho, como amargamente reconocía el alcalde en una nota del día 27: “Es verdaderamente lamentable la falta de colaboración ciudadana en todos los aspectos de la vida de la ciudad, pero en cuanto a las Cartillas de Abastecimiento ha llegado a términos tales que hacen suponer no ya el abandono de un deber, sino el propósito deliberado de dificultar la labor de equitativa distribución de los artículos de primera necesidad”[10].

El segundo problema era la falta de dinero corriente. La incertidumbre del futuro y la importante inflación influyó notablemente sobre las variables monetarias. Las constantes subidas de precios provocaron la pérdida del valor del dinero, lo que unido a la tendencia a atesorar por los difíciles momentos presentes y futuros llevaron a la práctica desaparición de la moneda fraccionaria y más tarde a la desaparición de la moneda oficial y su sustitución por moneda emitida por los propios ayuntamientos, colectividades y organizaciones.

La escasez de moneda fraccionaria, sobre todo a partir de 1937, afectó considerablemente al desenvolvimiento económico de la provincia, al dificultar la compraventa de artículos de primera necesidad, el pago de jornales y, en general, a todas las operaciones mercantiles. La gente, en estos años turbulentos, desconfiaba de los bancos y prefería esconder el dinero en cualquier lugar de la casa.  Para evitar el colapso de la vida económica, casi todos los Consejos Municipales de la provincia decidieron la fabricación y puesta en circulación de vales garantizados con idéntica función que la moneda en el término municipal, como ya se venía haciendo en toda la España republicana.

En la capital de la provincia se aprobó en sesión de 12 de junio de 1937 la fabricación y puesta en circulación de doscientos mil vales de cero con veinticinco pesetas en cuatro series de cincuenta mil; cien mil vales de cero cincuenta pesetas cada uno en dos series de cincuenta mil; y otros cien mil vales de una peseta cada uno, en dos series de cincuenta mil, o sea, un total de doscientas mil pesetas. Quedaban garantizados con fianza por cantidad igual a su importe total, depositada en la sucursal del Banco Central[11]. En la sesión de 31 de julio se acordó extender su uso a Cañada de Calatrava. El expresado papel moneda fue confeccionado en los colores azul (0,25), café (0,50) y rojo (una peseta). En el anverso aparecía litografiado el escudo de Ciudad Real y en el reverso la Puerta de Toledo[12].

En enero de 1938 el Gobierno estimó resuelta la oferta monetaria, por lo que ordenó la retirada de todos los vales, monedas, billetes y bonos de emisión local, y su sustitución por la moneda y billetes emitidos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Los distintos Consejos Municipales fueron aprobando la recogida del papel moneda emitido por ellos. En la capital, en virtud del acuerdo aprobado en sesión de 14 de mayo, “se procedió a la quema y destrucción de los valores emitidos según consta en acta notarial de fecha 27 de Mayo de 1938 de los valores canjeados ascendentes a 120.800 pesetas y el resto de 79.200 Ptas. pendientes de canje por hallarse en el mercado se archivarían según fueran canjeados en la Entidad bancaria antes expresada [Banco Español de Crédito]”[13].

El tercer problema grave que alteró la vida cotidiana de los ciudadrealeños fue la subida de precios. Afectó de manera alarmante a toda la zona republicana, donde por los únicos datos oficiales de que se dispone, el índice de precios aumentó en los meses de 1936 en un 49,8% y en un 57% durante los cuatro primeros meses de 1937. En Ciudad Real capital la subida media en toda la guerra fue de un 166,2%[14], de las más altas de todo el territorio republicano junto a Barcelona.

Las continuas subidas de los precios del pan y la leche, dos de los principales artículos de primera necesidad, unidos a la escasez casi total de otros muchos, provocó una manifestación de numerosas mujeres en la mañana del día 26 de abril de 1937. Tras recorrer algunas calles de la capital protestando contra la actuación del Comité de Abastos, fue recibida una comisión por el gobernador, al que expusieron su principal reivindicación: la inmediata disolución del Comité de Abastos. Por un momento había vuelto a recordar Ciudad Real la manifestación que muchas de sus vecinas llevaron a cabo el día 22 de septiembre de 1920 para protestar contra la subida de las subsistencias a consecuencia de la Primera Guerra Mundial. En Madrid también fueron frecuentes estas manifestaciones, al grito de ¡Queremos pan y carbón, y si no la rendición!

Las autoridades se mostraron inflexibles tras la manifestación, sobre todo porque muchas de las participantes estaban afiliadas a organizaciones del Frente Popular. El gobernador civil, por medio de una nota pública, anunció varias de las medidas que iba tomar, como multas, la expulsión de la ciudad de algunas de las protagonistas y el ingreso en prisión de otras muchas. A algunas las declararon desafectas, lo que las acarrearía numerosos problemas: “Conoce sobradamente la Autoridad los nombres de todos los provocadores y aplicará sanciones, incluso se remitirán atestados al Tribunal de desafectos. Con ello, la Autoridad no vindica nada; únicamente trata de que la parte de pueblo honrado conozca más a sus enemigos para que, en lo sucesivo, si algo de lo ocurrido se intentara repetir, arranque el disfraz del emblema que se avenga a tapar tanta inmundicia”[15].

Mientras, el Frente Popular quiso salir al paso de su implicación en la manifestación. Por medio de una nota comunicaba al público en general el acuerdo adoptado en la reunión de las Ejecutivas de todas las organizaciones del Frente Popular bajo la presidencia del gobernador civil, y que consistía en la condena de la manifestación y en la declaración de que ninguna de sus organizaciones políticas y sindicales estaba implicada en su preparación[16]. Además, acordaron constituir el día 29 de ese mismo mes de abril el Consejo Provincial, al cual revertirían todas las funciones del Comité de Abastos. Con ello se cumplía la reivindicación de las manifestantes y la promesa del gobernador civil. El problema, aparentemente, quedaba solucionado.

Durante 1938 el problema del pan continuó, pero agravado considerablemente. Hasta ocho días seguidos pasaban los ciudadrealeños sin tan básico alimento. Tan dramática era la situación que tuvo que intervenir la primera autoridad provincial. El gobernador decidió, por circular de 31 de agosto, reducir la ración a doscientos gramos por persona y obligar a pueblos donde la reciente cosecha de trigo había sido buena a vender una parte a Ciudad Real[17]. Además, se consiguió una partida de trigo extranjero, pero, como el año anterior, esperaba en los puertos de Levante a camiones que fuesen a recogerlo. Seguía siendo este del transporte un tema que la Consejería Provincial de Industria y Comercio no había sabido resolver con la energía que los momentos y las circunstancias requerían.

En la zona republicana, con el paso del tiempo, la dieta estaba reducida prácticamente a lentejas de mala calidad y escasas de cantidad. Se las bautizó con el nombre de píldoras de resistencia del doctor Negrín, haciendo alusión al empeño del presidente Juan Negrín de continuar la guerra en contra de las recomendaciones de sus jefes militares. En la provincia de Ciudad Real, granero de la República, faltaban hasta los productos típicos manchegos, como el vino, escaso, caro y malo: “En la Mancha, menos cuesta el vino que el agua”, decía un viejo refrán. Y durante la contienda: “El vino de la guerra, cuesta un sentido y no vale una perra”. Pero no quedaba ahí eso. Prácticamente no había de nada, como insinuaba esa coplilla que circuló por todos los rincones manchegos:

Si tuviéramos pimiento,

aceite, vinagre y sal,

haríamos un gazpacho;

¡pero no tenemos pan![18]

 

Las noticias sobre la escasez de determinados artículos fueron remitiendo, pero no porque la escasez fuera menor, sino porque era tan generalizada que ya dejaba de ser noticia. La adquisición de alimentos era angustiosa sobre todo en la capital. El desabastecimiento de las tiendas de comestibles hacía que sus habitantes tuvieran que acudir a las huertas próximas, a pesar de las prohibiciones. Félix Espartero, delegado de Abastos de la capital, daba en mayo la siguiente nota: “Queda terminantemente prohibido a los huertanos de esta localidad vender en sus huertas los productos que obtengan de las mismas, debiendo todos traerlos al Mercado sin excusa ni pretexto alguno, y se advierte que aquel que contravenga esta disposición será castigado con la multa de 100 pesetas”[19]

Hortensia Bermejo y Teófila Rodríguez recuerdan que hacían colas en los comercios de la capital, donde compraban telas, hilos, etcétera, que llevaban a los pueblos cercanos, donde los cambiaban por huevos, pan y otros alimentos. A Malagón y a Fernancaballero iban a por judías. A Piedrabuena, a por aceite. A pesar de su corta edad, la lucha que mantuvieron por la supervivencia de los suyos fue tremenda[20]. Blas López Prado, que era un chiquillo en esos años, recuerda que el pan que comía era amarillo, de maíz. En su menú eran frecuentes los chícharos, parecidos a las lentejas, y las cáscaras de las patatas, una vez fritas. La mayor parte de los alimentos que comieron él y su familia los conseguía éste en el campo. Allí cogía espárragos, cardos, etcétera[21]. El papel de las mujeres y niños en la difícil supervivencia fue fundamental.

El alcalde más popular durante la guerra fue Calixto Pintor Marín, militante del PSOE y de la UGT, que gozaba de gran popularidad por su compromiso con las milicias populares en los primeros meses de guerra luchando por varios frentes de combate, especialmente en el Batallón Adelante. Tras su vuelta a la capital comenzó a tener cada vez más importancia en la política provincial (llegando a ser diputado en la Comisión Provincial) y en la local, en la que llegó a ser nombrado alcalde. Al acabar la guerra, según consta en su expediente personal de la Prisión Provincial[22], fue condenado a la última pena en 1939, siéndole conmutada por la inmediata inferior en grado a finales de ese año. El 10 de enero de 1940 fue conducido a la Prisión Central de Orduña. El 25 de abril reingresó en la Prisión de Ciudad Real a disposición de la Auditoría de Guerra de esa Plaza, compareciendo nuevamente ante el Consejo de Guerra el 3 de junio del mismo año. En él fue nuevamente condenado a muerte. El 23 de julio, el coronel gobernador militar se dirigía al director de la Prisión: “Habiéndose recibido orden de ejecución de los reos Calixto Pintor Marín, Restituto Castellano Fernández y Ovidio Álvarez Prieto, he dispuesto sean pasados por las armas juntamente con los 20 que figuran en mi escrito 3442 de fecha 22 del actual, para lo cual se servirá hacer entrega de los mismos a la Guardia civil para dar cumplimiento a dicha orden”. El día 24 de julio, Calixto Pintor fue fusilado a la edad de 38 años.

 

 

CONSEJO MUNICIPAL DE CIUDAD REAL ELEGIDO EL DÍA 5‑9‑1937.
Nombre Formación política o sindical
Calixto Pintor Marín (Alcalde) FLTT
Valentín A. Collado Tapiador FLTT
Félix Espartero Coello PSOE
Crescencio Sánchez Ballesteros PCE
Francisco Gil Pozo PSOE
Ramón López Pinto JSU
Francisco Díaz‑Santos Martín UR
Pelayo Velasco‑Sánchez PCE
Manuel Muñoz Martínez PSOE
Arturo Calle Bellón PSOE
Ángel García Limson PSOE
Felipe Sánchez López PSOE
Juan Sánchez‑Vizcaíno PCE
José Tirado Berenguer FLSU
Sebastián Camacho Sancho FLSU
Antonio Ortiz Soto FLSU
Adrián Leiva Llobregat FLSU
Anselmo García Ruiz FLSU

Fuente: Archivo del Ayuntamiento de Ciudad Real: Libros de Actas. Elaboración propia.

 

 

[1] El Pueblo Manchego, 28 de agosto de 1936, p. 1, “Dice el Gobernador…”.

[2] El Pueblo Manchego, 26 de agosto de 1936, p. 4, “Azúcar para la provincia”.

[3] El Pueblo Manchego, 5 de septiembre de 1936, p. 4, “Azúcar para la capital”.

[4] Contó con los siguientes vocales: Ángel García y Ángel Quiñones García, por la UGT; Alfonso Villodre y Francisco Ayuso, por la CNT; Crescencio Sánchez, por el Frente Popular; Antonio Cano Murillo, por la Diputación; el ingeniero jefe de la Sección Agronómica y el ingeniero jefe de Industrias (El Pueblo Manchego, 3 de noviembre de 1936, p. 4).

[5] CANTERO MUÑOZ, Rafael, Calles, plazas y plazuelas de Ciudad Real. Recuerdos, significación e historia, Ciudad Real, 3D3 Ediciones, 2015, p. 141.

[6] La recaudación se había hecho en concepto de préstamo, sin intereses y a devolver en cuarenta años. La relación de todos los vecinos que contribuyeron a formar tal presupuesto, así como la cantidad que aportaron, aparece en un documento que envió el Ayuntamiento al Fiscal de la Causa General y que se conserva en el Centro Documental de la Memoria Histórica: Causa General Provincia Ciudad Real, Pieza 9, Banca, Caja 1033 (2).

[7] Archivo Municipal de Ciudad Real, Libro de Actas del Ayuntamiento, p. 151. Una copia de la escritura pública de la donación del solar al Ayuntamiento se conserva en la Sección Bienes Inmuebles, Caja 4, del mismo archivo.

[8] Centro Documental de la Memoria Histórica, Causa General Provincia Ciudad Real, Pieza 9, Banca. Caja 1033 (2).

[9] Avance, 16 de abril de 1937, p. 3, “Nota de la Alcaldía”.

[10] Avance, 28 de mayo de 1937, p. 3, “Notas de la Alcaldía”.

[11] Archivo Municipal de Ciudad Real, Libro de Actas del Ayuntamiento, p. 66.

[12] Centro Documental de la Memoria Histórica, Causa General Provincia Ciudad Real, Pieza 9, Banca. Caja 1033 (2). “Informe del Interventor del Ayuntamiento”. Mayo de 1942.

[13] Centro Documental de la Memoria Histórica, Causa General Provincia Ciudad Real, Pieza 9, Banca. Caja 1033 (2). “Informe del Interventor del Ayuntamiento”. Mayo de 1942.

[14] Anuario Estadístico de España. Año 1943.

[15] Avance, 27 de abril de 1937, p. 3, “Nota del Gobernador civil”.

[16] Avance, 27 de abril de 1937, p. 1, “Acuerdos del Frente Popular de Ciudad Real”.

[17] Avance, 1 de septiembre de 1938, p. 2, “Gobierno Civil de la Provincia: Circular”.

[18] RODRÍGUEZ MARÍN, Francisco, En un lugar de La Mancha… Divagaciones de un ochentón evacuado de Madrid durante la guerra, Piedrabuena, Edición de Amigos de Piedrabuena, 2003, p. 103.

[19] Félix Espartero, delegado de Abastos de la capital, daba en mayo la siguiente nota: “Queda terminantemente prohibido a los huertanos de esta localidad vender en sus huertas los productos que obtengan de las mismas, debiendo todos traerlos al Mercado sin excusa ni pretexto alguno, y se advierte que aquel que contravenga esta disposición será castigado con la multa de 100 pesetas” (Avance, 13 de mayo de 1938, p. 2).

[20] Entrevistadas en Ciudad Real el día 21 de noviembre de 1986.

[21] Entrevistado en Ciudad Real el día 3 de noviembre de 1986.

[22] Archivo de la Prisión Provincial de Ciudad Real, Expediente personal núm. 16 317.