La ciudad de Guadalajara fue bombardeada en numerosas ocasiones durante la guerra civil. En diciembre de 1936, el Palacio del Infantado fue destruido por uno de estos ataques aéreos, mientras que el Asilo y la Inclusa fueron el objetivo de un bombardeo la noche del 28 de julio de 1937.Para organizar la defensa de la población frente a esta amenaza, el alcalde de Guadalajara, Antonio Cañadas Ortego, había publicado un bando el 2 de septiembre de 1936 en el que se ordenaba a los propietarios de sótanos que, por un lado, declararan su existencia, ubicación y condiciones, y que por otro, se aseguraran de que estuvieran limpios, ordenados y con sus puertas abiertas.
La lista elaborada con las declaraciones de los vecinos contenía 83 sótanos utilizables como refugios, con condiciones muy dispares pero que en conjunto podían albergar a cerca de 4370 personas. El más grande era el de la calle Ingeniero Mariño 6, con capacidad para 150: otros sólo podían albergar 7 ó 10 personas. Los sótanos de edificios como el de Correos o del de la Guardia Nacional Republicana también se pusieron a disposición del vecindario: este último tenía capacidad para 80.
Estos sótanos ya existentes eran, sin embargo, insuficientes para la protección de la población civil: a lo largo de 1937 se emprendió la construcción de nuevos refugios, para la cual el Comité provincial del Frente Popular lanzó una campaña de suscripción de fondos. Los esfuerzos dieron su fruto y para 1938 Guadalajara contaba con 50 refugios antiaéreos públicos y 160 particulares: dos de los más importantes se encontraban bajo el Parque de la Concordia.
Autora: ACP