El fracaso de la sublevación en Cuenca tuvo, entre otras repercusiones, la inmediata y progresiva detención de “derechistas”, “fascistas” y desafectos al régimen republicano. Las nuevas circunstancias hicieron que, desde muy temprano, la Prisión Provincial se convirtiera en el espacio de privación de libertad más significativo. A lo largo del conflicto más de 2000 personas procedentes de distintos rincones de la provincia fueron encarceladas aquí; un número que ninguna otra realidad carcelaria de la capital o las prisiones de partido alcanzó. La guerra alteró, ciertamente, su estructura organizativa y funcionalidad previas, con departamentos y patios según el género, celdas abarrotadas y otras dependencias adaptadas a las nuevas circunstancias. A diferencia de otras prisiones de la zona republicana donde los funcionarios estaban sindicados y constituyeron un Comité para su dirección, en la de Cuenca, al menos en sus inicios, no se dio porque sus funcionarios no pertenecían a ninguna organización. Con el tiempo, algunos se afiliaron a la UGT local, mayormente por imposición. En gran medida, los testimonios orales y los avales y las declaraciones de testigos contenidos en los procedimientos sumarísimos de posguerra coinciden en señalar el buen trato dispensado por los distintos funcionarios, muchos considerados afectos a la “Causa Nacional”, como el caso de Marcial Cerezo Romero, afiliado a FE de Cuenca con anterioridad al golpe. Por su parte, uno de los episodios más destacables en torno a dicha prisión se produjo el 15 de agosto de 1936, momento en el que la represión en la capital y la provincia ya había mostrado su virulencia de mano de las milicias y comités. En esta fecha, un grupo de anarquistas locales y milicianos de la Columna del Rosal materializaron la saca de varios presos, entre los que se hallaba el jefe provincial de Falange, Benito Pérez García, que fueron objeto de las balas en la madrugada del día 16 en las inmediaciones del Camino de San Isidro.
Los hombres y mujeres que ingresaron en la prisión lo hicieron procedentes bien de libertad, o bien de los depósitos municipales o cárceles de partido, y entregadas por guardias de seguridad, el jefe del grupo de Milicias, agentes de la brigada de investigación o el SIM. Tras ello, quedaban a disposición del propio gobernador civil, la Junta de Defensa o el juez especial de los Tribunales Populares, dependiendo del caso y cada momento. Los periodos de estancia fueron diversos. Mientras unos permanecieron varios días, otros estuvieron meses y, otros más, varios años, incluso hasta la misma caída de Cuenca en manos rebeldes.
Autor: SNC
