La violencia arbitraria desatada tras el fallido golpe militar de julio de 1936 condujo a las autoridades republicanas a emprender una serie de medidas legales como las efectuadas en el ámbito de la Administración de Justicia. Esta quedó desarticulada y casi inoperante desde entonces. Como en otras zonas de la España republicana, en Cuenca se crearon nuevos organismos de justicia, comúnmente conocidos como “tribunales populares”, por la cabida dada al “pueblo”. Así, representantes de los partidos y las organizaciones sindicales afectas al Frente Popular estuvieron presentes en los juicios a través del Jurado. A lo largo de la guerra, en la capital actuaron un total de 3. Su jurisdicción abarcó toda la provincia y su labor significó el ejercicio de la “represión legal”: el Tribunal Especial Popular de Cuenca se creó por orden de 4 de septiembre con el objetivo inicial de juzgar los delitos de rebelión, sedición y contra la seguridad del Estado. Su actividad se prolongó hasta días antes de caer la plaza. Conoció 278 sentencias, implicando a un total de 498 personas. Impuso 6 penas de muerte, 5 de ellas ejecutadas por un delito de violación y asesinatos; el Jurado de Urgencia, se constituyó en diciembre de 1936 para conocer actos de desafección u hostilidad que no revestían caracteres de delito. Su trayectoria es difícilmente evaluable por no conservarse suficiente documentación; y el Tribunal Especial de Guardia, que comenzó su andadura en junio de 1938 con el propósito de conocer delitos de espionaje, alta traición, derrotismo e infracciones en materia de subsistencias. El balance, 94 sentencias que afectaron a 347 personas, de las que 20 fueron condenadas a la última pena. En términos generales, la actuación de los Tribunales republicanos conquenses fue benévola. Muestra de ello es el alto número de absoluciones.
Autor: SNC
