Toledo fue, junto con Albacete y Guadalajara, una de las provincias en la que los jefes militares se comprometieron con la sublevación. El núcleo de la conspiración era Pedro Romero Basart, jefe de la Comandancia Provincial de la Guardia Civil, mientras que el coronel José Moscardó era el gobernador militar accidental de la provincia. La tarde del 18 de julio de 1936 se trasladó a Toledo y ordenó a los implicados en la sublevación que acudieran a sus puestos en puntos estratégicos. El estado de guerra no se había declarado y el Gobernador Civil, Manuel María González, no se pronunciaba, pero la Guardia Civil patrullaba las calles y controlaba los accesos a la ciudad y el domingo 19 se estableció un toque de queda.
El lunes 20, el diputado socialista José Prat llegó de Madrid para transmitir al Gobernador la orden de repartir armas a los sindicatos, a lo que se le respondió afirmando que la situación estaba controlada y la Guardia Civil era leal. Ese mismo día se militarizó a los civiles voluntarios y al día siguiente, según el plan establecido, llegaron los guardias civiles de la provincia: ante la imposibilidad de continuar en la indefinición, Moscardó declaró el estado de guerra el día 21. Solo dos unidades permanecieron leales: la mitad de una compañía de guardias de asalto– la otra mitad había sido enviada a Madrid -y un pequeño grupo de soldados a las órdenes del coronel Soto.
El día 22, la columna del general Riquelme, enviada por el Gobierno, desalojó a los sublevados de sus posiciones conquistando Toledo casi por completo: sólo quedó el Alcázar como reducto rebelde.
Autora: ACP
