La trayectoria de la Diputación Provincial de Cuenca se vio alterada con motivo del golpe militar, al igual que la de otros organismos institucionales. Hasta diciembre de 1936 funcionó una Comisión Gestora, creada en el marzo anterior, presidida por Juan Jimenez Cano. En la sesión ordinaria de 5 de agosto, la primera tras el levantamiento, la presidencia dio cuenta del telegrama que el 20 de julio envió al Gobierno central para manifestar su “inquebrantable adhesión al régimen” y su apoyo para “sofocar la criminal sublevación del Ejército contra la Patria”, que fue ratificada enérgicamente por el resto de los gestores. Entre otras medidas inmediatas y de gran calado, esta Comisión acordó destinar 15.000 pesetas a la suscripción abierta por el Gobierno Civil para la formación de las milicias del Frente Popular, y proceder a la depuración/cese de funcionarios y empleados que se hubieran mostrado desafectos a la causa. Durante estos meses, continuó con la gestión de distintos asuntos competentes desde antaño como la Casa de la Beneficencia o el Hospital, como también con la aprobación de distintos presupuestos, el pago de nóminas, la resolución de variopintas instancias, la ratificación de precios, la reorganización de servicios o la distribución de fondos. La Comisión republicana fue sustituida por un Consejo Provincial, en virtud del decreto gubernamental de 23 de diciembre. Hasta finales de febrero de 1937 estuvo presidida, interinamente, por el entonces gobernador José Papí Albert, y compuesta por 10 consejeros, elegidos previa designación de los partidos y sindicales integrantes del Frente Popular. En adelante, el Consejo lo presidieron Antonio Dorrego Seoane, Gerardo Alcañiz Turegano y Emilio Lizondo González. El golpe fallido, el proceso revolucionario y las vicisitudes bélicas convirtieron a la Diputación en un mero elemento del Gobierno y en una institución de menor repercusión que en otras etapas.
Autor: SNC
