La violencia revolucionaria fue especialmente intensa en los primeros seis meses tras el golpe de Estado: los comités se hicieron con el poder en las calles, mientras los organismos oficiales y las fuerzas de seguridad paralizaban su actividad. Las milicias locales fueron dueñas de la situación entre julio y diciembre de 1936, imponiendo el terror sobre quienes tenían por sus enemigos: las personas consideradas derechistas y católicas. En Cuenca, donde la conflictividad había sido baja durante el periodo republicano, sin embargo también estalló la violencia tras el golpe: eso sí, tuvo un comienzo más tardío que en otras provincias, que se situó a finales del mes de julio.
Los conocidos como “paseos” comenzaron en la capital el 5 de agosto de 1936 y se generalizaron en la siguiente quincena. Las milicias armadas recorrían las calles y procedían a detener a los que consideraban sospechosos por las noches. Luego los conducían a centros conocidos como “checas”, donde eran interrogados, torturados y sometidos a la “justicia popular” del Comité de turno. Aquellos tachados de culpables eran conducidos a lugares de ejecución en las afueras, solos o en pequeños grupos, donde se les fusilaba y se abandonaba sus cadáveres. Las principales vías de acceso a la ciudad eran uno de los espacios predilectos para esta práctica: así, el Camino de San Isidro, en la parte alta de Cuenca, se contaba entre ellos. Fue en este lugar en el que ejecutó a los presos procedentes de la saca de la cárcel provincial del 15 de agosto de 1936.
Aunque todavía es necesario investigar a fondo la cuestión, Rodríguez Patiño cifra en 147 las personas ejecutadas en la ciudad de Cuenca bajo este procedimiento y otros similares. Las víctimas procedían de la propia capital y de otras localidades de la provincia, desde donde habían sido trasladadas a la ciudad por grupos de milicianos.
En septiembre de 1936 la iniciativa de las ejecuciones pasó de las milicias locales a un Comité de Investigación o Salud Pública controlado por la CNT. A partir de diciembre el número de ejecuciones descendió sensiblemente, gracias a la recuperación del poder del estado republicano, y prácticamente desapareció desde febrero de 1937.
Autor: ACP
